Contradicciones energéticas del crecimiento macroeconómico

El Banco Central dice que la economía ha crecido espectacularmente, pero dicen las estadísticas de potencia y energía del mercado eléctrico que tal cosa puede ser pura quimera. El caso es que tanto la demanda por potencia (capacidad de generar energía) como la demanda de energía no han crecido y se mantienen a niveles inferiores que hace tres años. Y si se hace la medición por persona (per capita), la de hoy es una demanda prácticamente igual a la de hace cuatro años. Los sectores productivos apenas se están recuperando.

Ahora que las cifras del Banco Central para 2006 no tienen el apellido de “preliminar” (y se andan tarareando por todos lados), veamos primero los datos puros y simples, para después pasar a las hipótesis y teorías.

Dice el Banco Central que la macroeconomía creció 9% en 2005 y 11% en 2006. Mientras tanto, dice el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado (OC) que la demanda máxima de potencia energética abastecida cayó -3% en 2005 y creció 7% en 2006, y que esta demanda máxima es de un nivel semejante al de 2003 (también semejante al de 2001). Es decir, mientras la economía crece a un ritmo que hace diez años no se experimentaba, la demanda por electricidad lleva varios años estancada.

Mas aun, las otras veces que se han producido crecimientos acelerados de la macroeconomía (precisamente saliendo de depresiones previas), esto se ha reflejado en la demanda de potencia y electricidad que ha sido abastecida. Es el caso de inicios y finales de la década de los noventas en que se produjeron crecimientos promedios de 14% en 1991-1993 y de 10% en 1997-2000. Lo mismo se puede decir de principios de la década de los setentas.

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Particularmente ilustrativo es el caso de 1987, que fue la última vez que la economía creció al 10%. Fue un año de apagones desquiciantes, pero precisamente porque la demanda de potencia creció con tal fuerza que provocó un déficit de 17% con respecto a la disponible. Se hizo evidente la locura de Balaguer haber parado la terminación de la terminación de la generadora Itabo 2 (que ese mismo año hubiese satisfecho esa demanda), de haber detenido todas las obras de mantenimiento de plantas en la CDE, así como la construcción de la hidroeléctrica Manabao-Bejucal-Tavera (hasta le devolvió el dinero mas una penalidad al Banco Interamericano de Desarrollo-BID; debe saberse que nunca mas ha podido el país conseguir otro financiamiento blando para construir hidroelectricidad).

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Pero resulta que en los casos de 2005 y 2006 ocurrió todo lo contrario, el déficit entre potencia máxima demandada y la abastecida cayó con respecto a años anteriores, y el tamaño del déficit (apenas 6% en ambos años) fue el menor déficit que se haya experimentado en el mercado eléctrico dominicano desde finales de los años setentas. Tómese en cuenta que el promedio anual de demanda desabastecida ha sido de 16% entre 1980 y 2006.

Pasemos ahora a la analítica (o teoría, como prefieren llamarle algunos). No hay ningún indicador mas fiel al nivel de actividad económica de una nación moderna que su demanda por electricidad, estudio tras estudio lo ha demostrado más allá de toda duda. Ya sea que la demanda de electricidad arrastre o sea arrastrada por la macroeconomía (cada país en diversas épocas ha pasado por diferentes etapas), lo indiscutible es que están íntimamente vinculados.

Hace un tiempo vengo discutiendo este tema entre tertulias de amigos economistas y aun nadie ha podido esgrimir argumentos convincentes en contra de mi hipótesis.

En el mercado eléctrico, la demanda máxima de potencia es el indicador fundamental (que los economistas envidiamos, ya que carecemos de esa medida tan precisa). En teoría, si la oferta no es suficiente para abastecerla, subirá el precio. En la práctica dominicana, eso significa apagones.

Como la electricidad no se puede almacenar en cantidades significativas, y como todas las actividades económicas dominicanas ya se desenvuelven utilizando energía eléctrica, no es posible argumentar que se produzca crecimiento macroeconómico (del PIB, por ejemplo) sin que también haya crecido la demanda máxima de potencia eléctrica.

Hay economistas que argumentan que es posible que eso ocurra cuando empresas y familias han aprendido a ser más eficientes en el uso de energía. Por tanto, pueden producir más valor agregado por cada unidad de energía. Yo digo que este país tiene tanto tiempo viviendo en escasez y carestía de energía que hace tiempo que ese proceso de uso más eficiente de la energía se ha agotado como para que tenga impacto significativo en los agregados macroeconómicos de hoy.

Mas aun, no existe evidencia en la literatura académica sobre el tema, de que eficiencias apreciables en el uso de energía se hayan producido subrepticiamente con impactos agregados macroeconómicos de significación.

Puede ser, argumentan algunos economistas, que los sectores que han liderado el crecimiento de los últimos dos años demanden menos energía por unidad de producto (o mejor dicho, sean menos intensos en la demanda de energía). Ciertamente, eso puede ocurrir, pero el punto sigue siendo que no existe ningún estudio sectorial nacional o internacional que brinde soporte a tal hipótesis.

También argumentan los economistas del BC, porque teorías de la cajita de herramientas de la profesión no faltan, que lo sucedido en los últimos dos años es que la macroeconomía “rebotó” saliendo de la depresión y buscando su capacidad de “crecimiento potencial” máximo. Eso también puede ser, ha sucedido anteriormente aquí y en muchos países, pero de nuevo viene el problema empírico de la vida real: ¿de donde salió que 10% es ese máximo, cuando en los últimos cincuenta años solo se ha verificado cinco veces?

Mas aun, supongamos que sea posible (total, hay precedentes), en cuyo caso nos enfrentamos a dos problemas. Uno, el Banco Central no cuenta con un modelo (digamos uno computable de equilibrio general) en el que esto se pueda probar. Dos, el problema esta, de nuevo, en que la economía lograra dar este “rebote” máximo sin contar con la potencia ni la energía que tal esfuerzo requiere. Es decir, a ese “rebote” económico le debió corresponder un “rebote” energético que tuviera algo que ver con aquel.

Claro que la relación energía-economía también incluye los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (al final, la electricidad no es mas que esos combustibles convertidos en energía). Pero al analizar las importaciones de combustibles del país en los últimos dos años queda claro que también su demanda se ha estancado. O no ha crecido como para justificar el crecimiento macroeconómico (y aquí caemos de nuevo en el argumento de la eficiencia).

Mi teoría es que, en la era de los servicios y finanzas, a los técnicos del Banco Central se les olvidó que en economía existen ciertos parámetros estructurales que difícilmente cambian de un día para otro. Y la relación entre el PIB y la energía es uno de esos parámetros, además de ser uno de los mas y mejor estudiados en la profesión.

Como hace mas de una década que el Banco Central no produce estudios de “matriz insumo-producto” (que es en donde esos parámetros estructurales se revelan en detalle), pues es posible que ese haya sido el descuido originario del posible error al que me refiero.

no quiero que me confundan con aquellos que siempre se quejan sin fundamentos de las estimaciones del Banco Central. Yo respeto el intelecto de muchos de los que allí trabajan, incluyendo en la lista al Gobernador. Pero también conozco muy bien y desde adentro las críticas que se le pueden hacer al sistema de contabilidad nacional que tienen y también conozco las críticas que el FMI le ha hecho.

En conclusión, las magnitudes de crecimiento macroeconómico en 2005-2006 no guardan relación con las de oferta y demanda de potencia en el mercado energético. Nunca antes en la historia económica del país se había producido tanto crecimiento con tan poca energía. En este periodo, se han trastornado los parámetros estructurales entre ambas variables. Es muy probable que haya un error oculto en las estimaciones.

Contratos de plantas de carbón ¿necesidad o estafa?

Mientras más detalles se conocen de los contratos otorgados a las plantas de carbón de CDEEE, más claro queda que no se trata de un error, sino de una gran estafa al bolsillo de los contribuyentes del fisco y clientes del sector eléctrico. La carga fiscal es excesiva e innecesaria, aumenta las posibilidades de corrupción, no reducirá la tarifa significativamente y, como si eso fuera poco, también privilegia a estos inversores sobre otros atrayendo mas demandas internacionales contra el país.

Estos proyectos comenzaron con el grado a grado que la empresa Westmont quiso lograr al principio de esta administración. Desenmascarada la situación, hubo que organizar licitaciones a las que solo asistieron tres propuestas (a pesar de lo jugoso de los contratos).

Han pasado ocho meses, hace cinco que debieron haber comenzado los trabajos, pero los inversionistas no habían conseguido financiamiento. No es de extrañarse, con proyectos avalados por contratos IPPs absurdos en medio de reformas eléctricas que ya van por “segunda generación” (en la jerga del Banco Mundial).

Y ahora nos sorprenden a todos con la intención o solicitud del poder ejecutivo al Congreso de otorgar garantía soberana a las cartas de crédito para proteger a los inversionistas de las plantas de carbón “licitadas” por la CDEEE. El esquema de negocios develado es tan desatinado e irritante que bordea la esquizofrenia. Veamos.

La CDEEE ha armado un plan de negocios tipo maquila o zona franca con los inversionistas de las plantas de carbón. Por 20 años, la CDEEE suministrará a su propio costo el terreno, muelle y combustible (carbón), conexión de transmisión, y el compromiso de compra de la energía producida avalado por carta de crédito a la vista y revolvente que contaría con garantía soberana. Los inversionistas simplemente procesarán el carbón para convertirlo en energía.

Olvidémonos por un momentito de los precios, este es un tema que va mucho más allá que eso. Este no es el tipo de inversionista privado que necesita el sector eléctrico dominicano. Tampoco el riesgo-país se encuentra tan deteriorado (¿no es el mismo gobierno que dice esto?). Este país ya no es una república bananera como para buscarse un esquema de negocios peor que los de finales del siglo 19 o principios del 20.

Ni en la época dorada de los IPPs (1989-1999) se ha protegido y privilegiado tanto a un inversionista eléctrico. Estos privilegios constituyen un abuso y discriminación contra los demás inversionistas que comparten los riesgos con el gobierno en el sector eléctrico. El país atrae mas demandas internacionales por competencia desleal con este tipo de negocios.

Vamos ahora a otros tres temas: la urgencia de las plantas generadoras, sus meritos y sus precios. En ninguno de ellos el resultado apoya una decisión como la que ha tomado el gobierno en representación de sus ciudadanos.

Es cierto que el sector eléctrico necesita de grandes y eficientes generadoras de energía de “base” a bajo costo, como son (tecnológicamente hablando) estas plantas de carbón. Es decir, necesitamos abastecer esa masa de la demanda mínima de todos los días, y las tecnologías disponibles hoy son nuclear y carbón.

Mi preferencia seria evitar contaminación en suelo dominicano y optar por la energía nuclear, ya sea que EEUU instale una planta en Puerto Rico o permita que Cuba termine su planta nuclear de Jaragua, para nosotros interconectar por transmisión de cable submarino desde Punta Cana o Pedernales (o desde el mismo Haití con una empresa de transmisión de propiedad dominicana), pero eso tendrá que esperar.

Ahora bien, hay dos razones que impiden que estos nefastos proyectos de carbón satisfagan dicho requerimiento urgente. Primero, la restricción y represión de la demanda de electricidad que ejercen financieramente las empresas distribuidoras con la complicidad ilegal de la Superintendencia de electricidad, ya que son incapaces de cobrar la electricidad que venden, impide que la demanda nacional de energía crezca a su ritmo natural. Por tanto, aunque se disponga de más energía, esta no podrá ser colocada en el mercado (como pasa actualmente, que “sobra” capacidad instalada en el sistema).

Segundo, y más importante, la modalidad de contratación escogida por el gobierno (contrato IPP), de nuevo con la enervante complicidad de la Superintendencia, imposibilita que la tecnología del carbón impacte en el mercado disminuyendo precios de energía a las distribuidoras y tarifa para los consumidores. Esto es algo complejo de explicar, pero intentaremos ilustrarlo de la forma más simple y detallada.

En el mercado eléctrico hay dos segmentos, el de contratos y el de excedentes (llamado SPOT). Las empresas distribuidoras deben comprar primero la energía que ellas mismas han contratado con los generadores (un máximo de 80% según la ley) y luego abastecerse del mercado spot (20% restante). El precio de contrato es fijo, y el del spot varía según oferta y demanda, pero tiene un tope (por decisión de la Superintendencia).

¿Cómo entraría la energía de las nuevas plantas de carbón en este mercado? CDEEE como intermediaria compra la energía, pero solo puede vender una pequeña fracción en el mercado de contratos (100 de los 1,200 megavatios). Debido a que este mercado de contratos tiene precio fijo, CDEEE simplemente compra barata la energía del carbón y la vende a ese precio fijo de contrato, tal como hace con la hidroelectricidad en este momento. Es decir, no se produce ningún impacto en reducción de precios ni tarifa. Strike one, abanicó el consumidor.

El resto de la energía de carbón (la mayoría) seria vendida en el mercado spot. En ese mercado, tanto como las distribuidoras también pueden comprar los generadores para revender. ¿Cómo? Si un generador (que tiene contratos que satisfacer con la distribuidora) no puede generar o puede comprar mas barato para revenderlo a su precio garantizado de contrato, pues lo hace (tal como han estado haciendo en los últimos años, comprando energía hidroeléctrica barata de la CDEEE). Lo mismo pasará con la energía del carbón, con lo cual no hay impacto de reducción de precios ni tarifa, sino mayores ganancias para las empresas por el diferencial de precios. Strike two, abanicó de nuevo el consumidor.

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Queda el posible impacto en reducir los precios del mercado spot con el sobrante de la energía de carbón. Pero este mercado es 20% solo en la letra de la ley, desde el 16 de agosto de 2004 la Superintendencia ha permitido que este mercado se haya reducido a menos del 5% del total (por el control y represión de la demanda a través de apagones financieros). Por tanto, el impacto en precios y tarifa se reduciría a menos del 1%. Strike three, ponchado el consumidor.

Ahora, supongamos que la Superintendencia abandona su complicidad con las distribuidoras y ordena que no se reprima la demanda, de tal forma que crece el mercado spot y la energía del carbón sí podría tener impacto. En ese caso optimo, el impacto es de apenas en el 20% en la ponderación del precio final de energía. Es decir, el impacto final en precios y tarifa sería de menos del 3%.

Pero el problema financiero no termina allí, tiene ramificaciones fiscales. Veamos. En todos los casos, la CDEEE siempre estará interesada en generar el máximo que pueda. Por dos razones. Una, si las plantas de carbón no generan, de todas formas la CDEEE tendrá que pagar lo que debieron haber producido (por el contrato IPP que ha garantizado). Dos, la CDEEE estará siempre urgida de efectivo para pagar por el combustible (carbón) para que las plantas no dejen de generar, ya que tendrá que pagar de todas formas por la energía que no se produce.

De seguro la CDEEE no tendrá capital de trabajo (unos US$30 millones mensuales) y, como siempre, será del presupuesto nacional que esos pagos deberán ser realizados. Igualmente, si algo sale mal, ya sea con el pago que hacen las distribuidoras, el suministro de carbón, el muelle carbonero, la transmisión o los pagos a los generadores de carbón, estos se cobrarán automáticamente de la carta de crédito y no volverán a generar hasta que el monto original de dichas cartas de crédito no se re-establezca. De nuevo, es del presupuesto nacional que saldrán los recursos para re-establecer las cartas de crédito.

Queda claro que la combinación de contrato IPP (con su carta de crédito), por un lado, y las políticas del “plan” de esta administración, por el otro lado, son las dos hojas de la tijera que cortan e impiden que los consumidores se beneficien hasta con la instalación de generación eficiente y a bajo costo. Quizás hasta se necesitará otra “reforma fiscal” solo para mantener funcionando las gigantescas plantas a carbón.

¿Y es a estos contratos que el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás miembros de la intelligentsia del “Consenso de Washington” han dado su apoyo? En definitiva, este modelo es más que una estafa. Quizás algún lector creyó que exagerábamos al principio, pero a esto me refería cuando hablaba de un modelo eléctrico esquizofrénico. Mientras tanto, yo me voy a protestar con pancartas frente al Congreso contra la garantía soberana que se está gestionando para estos monstruos de carbón.

Subsidio eléctrico y las “distribuidoras moradas"

Existe una gran alianza que se beneficia de los subsidios eléctricos estatales. Las generadoras prefieren los subsidios a un mercado defectuoso al que las distribuidoras aun no le logran cobrar la energía. Las empresas petroleras están de pláceme. Las distribuidoras lo prefieren a estar disgustando a sus clientes. Y la mafia popularmente llamada “distribuidoras moradas” se beneficia calladita y en la sombra haciendo conexiones ilegales para grandes empresas y residenciales de altos ingresos que se roban un tercio o más de la energía que pagamos los demás.

El monto del subsidio ha alcanzado niveles de obscenidad financiera. Ya van US$ 1,450 millones hasta diciembre de 2006. Esto significa el 2% del PIB del país y se traga cerca del 8% de todos los ingresos corrientes del gobierno. Una situación sin precedentes. Los subsidios pre-capitalización de CORDE, CDE y CEA son niños de teta frente a esto.

El pago de los subsidio sale de los impuestos y endeudamiento. Las dos reformas fiscales recientes no solo fueron diseñadas para el Metro y la reelección, también el subsidio eléctrico entraba en el cajón. Al final, el contribuyente lo paga todo, impuestos y financiamiento.

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¿Por qué nos financian el subsidio desde fuera? A los petrodólares de PETROCARIBE le interesan financiar el consumo de petróleo, ya que lo abarata y endroga las jipetas y los aires acondicionados (¿sabía usted que 30% del consumo eléctrico de Santo Domingo es en aires acondicionados?).

Al Banco Mundial y al BID (por tanto, el FMI) les interesa financiar porque les han prestado dinero a los generadores. Si las distribuidoras o el gobierno no les pagan, ellos no pueden pagar de vuelta estos financiamientos.

Y a los proveedores de turbinas, piezas, cables, torres y subestaciones les interesa que se les compren sus productos que son inmensamente costosos y solo con préstamos avalados por sus gobiernos y agencias de seguro pueden ser comprados por países de clase media mundial como el nuestro (es lo que esta usando el presidente Fernández para su Metro).

El subsidio va a la CDEEE primero. Ella se queda con una parte para pagar el déficit de los generadores IPPs, para solventar su nomina supernumeraria de bien pagados compañeros incompetentes, así como el re-establecimiento de la jugosa intermediación de combustible para algunos IPPs pequeños y los del patio.

Otra parte del subsidio va a financiar el déficit de caja de las distribuidoras y las minúsculas inversiones que realizan. ¿En que consiste este “déficit de caja” que el FMI ha impuesto a los contribuyentes (los que además pagan la luz a precios exorbitantes)? Veamos.

Las distribuidoras apenas cobran la mitad de la energía que distribuyen. Es decir, el subsidio se usa, básicamente, para pagar esa otra mitad de la energía que se “pierde”. Las distribuidoras le pagan a los generadores a los que le compraron la energía. Algunos de estos generadores, ojo, son empresas vinculadas a las distribuidoras (el caso mas evidente es Edeeste) y no olvidar que los generadores IPPs se amamantan de la CDEEE que dirige las distribuidoras estatales.

Con el subsidio también se paga la energía que consumen las instituciones gubernamentales. Algunas de ellas son parasitas, como los servicios de seguridad del Estado que se ocupan de alimentar de chismes (muy detallados y hasta eróticos) sobre la oposición y los “enemigos del Estado” al presidente y su sequito pretoriano, perseguir a los muchachos de los barrios que venden las drogas por onzas (mientras duermen tranquilos los que las venden por toneladas), cuidar la frontera para que no pasen haitianos sin pagar el debido peaje, atrapar una de cada diez yolas (quizás la de los capitanes que no pagaron el cabotaje) con criollos huyendo de este paisaje inundado de palabras bonitas que no se pueden cocinar en la hoya, etc.

Hay otros consumos estatales que si son necesarios y justificables subsidiar, tales como los de escuelas, hospitales, defensa civil y otros.

El subsidio también paga por el consumo de los barrios pobres, pero esto apenas representa el 7% del total, aunque durante esta administración el programa se ha salido fuera de control por las elecciones del año pasado y por las que vienen el próximo. Muy probablemente ya ande por el 10% del total.

Finalmente, el subsidio también paga por la energía robada (la que se le llama “perdidas por facturación” en la jerga eléctrica). Esto es, la energía que compran las distribuidoras y ni siquiera logran facturar. Esa si que es mucha, quizás 40% del total (cuando se descuenta la que se pierde por “razones técnicas”, es decir, insuficiente inversión y mantenimiento de redes y sistemas),

Valorada a precios minoristas (tarifa promedio), esta energía que se “pierde” alcanza un promedio de RD$ 1,800 millones mensuales. Y en el período enero 2005 a diciembre 2006 (de donde sale este promedio), el total fue de RD$ 42,440 millones. Esto es un tesoro, y hundidos de cabeza en él, ocultos y calladitos, hay muchos negocios paralelos, oblicuos y transitivos.

Aquí es que opera, entre otras empresas mafiosas, las popularmente llamadas “distribuidoras moradas”, que cobra por hacer que los consumidores toleren los apagones y se olviden del dolor de cabeza mensual de las escandalosas tarifas eléctricas de este país. Conectan ilegalmente a grandes empresas y hasta amplias zonas residenciales de altos ingresos.

Disponen de todos los equipos, herramientas y conocimientos necesarios para estas operaciones. Borran la lectura de los contadores computarizados de las empresas, construyen nuevas acometidas trayendo la energía de otros cables montando un doble sistema eléctrico en empresas, residencias, edificios y fincas.

Las “distribuidoras moradas” cuentan con redes de contacto e información al interior de las empresas distribuidoras, a veces los cabecillas son hasta altos funcionarios en ellas. Esto les permite programar sus actividades con calendarios precisos de cuando serán leídos los contadores para borrarlos días antes. También programan teniendo en cuenta las rutinas de las brigadas de supervisión y de las brigadas de la llamada “policía eléctrica” (PAEF), aunque esta ultima no es gran problema porque esta compuesta por guardias y fiscales estatales, fácilmente sobornables.

El método de cobro es cargar una fracción del precio de la tarifa por cada kilovatio-hora borrado (entre el 30 y 40%). Se factura de boca (verbalmente) y se paga allí mismo, al contado. Si el cliente no quiere pagar o se pone de moroso, pues hasta le hacen maldades, tales como arreglar el medidor para que la lectura sea mayor al consumo y el “cliente” reciba tremenda sorpresa.

En los últimos meses, el mismo gerente general de Edeeste ha declarado que se han tenido que cancelar 120 de estos empleados mafiosos. Sin embargo, Edesur y Edenorte los contratan de nuevo. Resulta que muchos son peledeístas o tienen “enllaves”.

La nomina de Edesur y Edenorte ha crecido espectacularmente. A junio de 2004, Edesur contaba con 1,866 empleados y Edenorte con 1,362 para un total de 3,228. Después de dos años y medio, en diciembre de 2006, Edesur tiene 2,070 y Edenorte 2,091, para un total de 4,161 empleados, un aumento de 30% en 30 meses.

Hace pocas semanas, la representante residente del Banco Mundial, Sra. Cristina Malmberg, declaró que “aquí, claramente con el sector energético hay una transferencia generalizada. El dinero se podría usar de una manera mucho mejor porque quien se beneficia del déficit son los ricos, no los pobres”. Siendo que esto se produce bajo su propia supervisión y financiamiento de las distribuidoras y el sector eléctrico. ¿Por qué lo toleran y permiten que el jefe de la misión del FMI, Andy Wolfe, haya dicho la semana pasada que “las distribuidoras van bien”?

Seis años del (mal llamado) Acuerdo de Madrid

Después que Cesar Sánchez lanzara el concepto seminal, Santo Domingo, Washington y Madrid fueron los escenarios de intensas y complejas negociaciones que se plasmaron en una sola hoja de papel definiendo la esencia de contratos que terminarían valorados en unos 5,400 millones de dólares. Madrid estaba vacío y desolado aquel verano del 2001, como todos los veranos, los españoles se habían ido de vacaciones. Nosotros amanecíamos trabajando.

El Acuerdo de Madrid salvó la reforma del sector eléctrico y su capitalización de la debacle financiera en la que estaba desde el invierno de 2000-2001. Y esto se hizo sin comprometer recursos fiscales adicionales y sin dar garantía soberana congresual. Al contrario, los riesgos y contingencias para las finanzas públicas fueron reducidos. Se creó nuevo valor sacándolo de donde estaba amarrado y escondido.

¿Cuál fue la idea seminal? Muy sencillo: que el valor presente de los ingresos que los generadores se ganarían en los tres años restantes de los contratos de la capitalización, se distribuyera en un período mas largo (quince años) con garantía de que las empresas distribuidoras honrarían tales contratos. Es decir, la misma masa de ingresos distribuida en un periodo mas largo resultaba en precios unitarios más bajos.

Se quiso que fuese mas corto este período, pero la masa de ingresos asegurada a los generadores por los contratos de la capitalización era excesivamente alta. Por ejemplo, solo en 1999-2001 las generadoras capitalizadas distribuyeron beneficios por US$159 millones. En tres años habían recuperado más de la mitad de lo invertido. Esto no lo soporta ningún mercado eléctrico.

Y otra razón ofrecía esperanza: la arquitectura de los contratos permitía que precisamente desde finales de 2004 ya hubiera unos 500 megavatios “liberados” para las distribuidoras licitar nueva energía más barata y eficiente. Se contaba con el crecimiento histórico de la demanda (como sucedió en 2001-2003).

Se apeló a la preferencia económica que tienen las grandes empresas internacionales intensivas en capital de contar con estabilidad contractual de largo plazo para recuperar el capital invertido a una tasa razonable y sostenible. Es que si las distribuidoras, que son la ventanilla de entrada de efectivo de los mismos generadores, seguían descapitalizándose todos los agentes del mercado perdían.

No se esperaba que la gente entendiera inmediatamente una transacción relativamente compleja, ya que no se trataba de un tema tintado de politiquería como siempre habían ocurrido las cosas en la electricidad dominicana. Con que lo entendieran los agentes del mercado, el Presidente de la república y el mínimo indispensable de funcionarios gubernamentales era suficiente. Los que estuvimos allí sabíamos lo que hacíamos, y estábamos dispuestos a sufrir las consecuencias de la incomprensión, con tal de hacer lo que había que hacer y hacerlo con pulcritud profesional, ética y moral.

Hace casi seis años y el Acuerdo de Madrid sigue parado e incólume. Estudios de docenas de abogados, ingenieros y financistas; chismes, rumores, demandas, juicios, intentos de renegociación van y vienen en el sector eléctrico dominicano, pero jamás a este Acuerdo han tocado. Todo se ha quedado en propaganda y frases vacías aprovechando una supuesta incomprensión del público.

Las consecuencias inmediatas del Acuerdo fueron la estabilización financiera del mercado eléctrico, rescatando de la quiebra a las distribuidoras y moderando las ganancias extraordinarias de los generadores. Se redujo en 36% el precio de la energía. Los generadores invirtieron en nueva y eficiente capacidad (agregando 504 megavatios nuevos y mejorando la eficiencia de 460 al cambiar a gas y carbón). La banca internacional y hasta la local comenzó a financiar más confiadamente a los inversionistas.

Del lado gubernamental, el patrimonio se valorizó al eliminar las discriminaciones contra la empresa de transmisión cuyo servicio era el único que no se indexaba.

Así mismo, en lugar de invertir recursos frescos, se utilizaron estos contratos para “pagar” la terminación de los deficitarios contratos IPPs cuya energía y combustibles intermediaba la CDEEE. Esto redujo el tamaño de la CDEEE en el mercado (de 360 a 100 megavatios), menguando también las posibilidades de corrupción. Consecuentemente, posibilitó eliminar el subsidio estatal tanto a los generadores (por el combustible) como a las distribuidoras (por la tarifa) hasta que EEUU invadió Irak, el petróleo se disparó y quebraron los bancos disparando la tasa de cambio y el costo de la energía y la tarifa a niveles insoportables.

La incomprensión comenzó desde el primer día y continúa hoy. El tiempo ha demostrado que los argumentos en contra son pocos y no se sostienen.

El principal argumento crítico es que se debió esperar a que se extinguieran en 2004 los contratos de compra y venta de energía de la capitalización entre distribuidoras y generadores. Eso hubiera sido lo ideal, desgraciadamente no se podía esperar, las empresas distribuidoras ya habían agotado todo su capital de trabajo, los bancos no les financiaba (los contratos de la capitalización no eran garantía suficiente, argumentaban) y se encontraban al borde de la quiebra.

Otro argumento en contra del Acuerdo de Madrid se refiere a la ilegalidad del mismo, frente a una casi simultánea promulgación de la Ley General de Electricidad, la cual se alega prohibía esta negociación sin licitación.

Para evitar esta objeción, de la cual estaban consciente todos los actores, se estableció que las negociaciones debían concluir antes de las 6 de la tarde en Madrid, antes de que entrara en vigencia la Ley General de Electricidad a las 12:00:01 AM (hora de Santo Domingo), ya que los asesores legales habían confirmado que las leyes en RD entran en vigencia en todo el territorio nacional 48 horas después de haber sido promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Además, en la materia que trataba el Acuerdo de Madrid (contratos de compra y venta de energía), la Ley no entraba en efecto hasta tanto el reglamento de aplicación de la misma no fuera redactado y luego promulgado por decreto del poder ejecutivo (lo cual ocurrió casi un año después, reconociéndose la validez de los contratos vigentes).

Finalmente, esta el argumento de que los precios acordados pudieron haber sido menores.

El punto sobre este argumento de precios es sencillo: se empujo al máximo hasta donde se pudo ejercer presión. Hay que tener en cuenta que los intereses de generadores y distribuidores eran contradictorios en esa época, los generadores resistían bajar precios y los distribuidores (sobre todo Unión Fenosa) querían los precios más bajos posibles.

De todas formas, haber logrado reducir en 36% los precios de energía de la capitalización, además aplicado retroactivamente para todo lo que iba del 2001, implicando que condonaran las deudas de las empresas distribuidoras y que estas, a su vez, aceptarán el traspaso de los deficitarios IPPs, fue lo máximo que se pudo lograr en las negociaciones. Y no era poco para, al mismo tiempo, salvar el incipiente mercado de un colapso inminente.

Por estas razones, el Acuerdo de Madrid fue bien ponderado en todo el mundo, excepto en Republica Dominicana. “Nadie es profeta en su tierra”, sobre todo porque la oposición política (y hasta muchos dentro de aquel variopinto oficialismo) se dedicaron a desacreditarlo aprovechando la complejidad técnica del tema (“alimentándose de la carroña de la ignorancia del pueblo” como dice Andrés L. Mateo en un ensayo reciente sobre Leonel y los líderes dominicanos).

Desde afuera de una negociación, cualquiera puede argumentar que el resultado pudo haber sido mejor. Bueno, ahora esta administración lleva casi tres años tratando de hacer su propia negociación de precios y no ha logrado reducir ni una millonésima de centavo. Podrá criticar con fundamento el que logré su cuota de reducción, que ya la del Acuerdo de Madrid la disfruta el país por seis años.

ELECTRICIDAD Y COMPETITIVIDAD DOMINICANA

La electricidad siempre ha sido un problema para la competitividad dominicana. Sin excepción, todos los grandes y exitosos sectores industriales exportadores han necesitado ingeniárselas para producir su propia energía aislada del resto de la economía. Son los casos del azúcar, el ferroniquel, el turismo y hasta las textileras de zonas francas que no son, como las anteriores, intensivas en el uso de electricidad.

A finales del siglo 19 y durante todo el siglo 20, la gran industria azucarera movió sus maquinarias a vapor eficientemente con el uso del bagazo de caña como combustible, electrificó parte de los bateyes y pueblos aledaños y hasta vendía excedentes al resto del país. En manos estatales corruptas y luego privadas le llegó la muerte prematura a esta industria y su potencial eléctrico quedó sin legado.

Para el ferroniquel, a final de los años sesentas, la empresa Falconbridge instaló sus propias plantas generadoras con tecnología a vapor y combustible pesado muy similar a las que también instaló la CDE en los parques de Haina e Itabo. Mientras el gobierno dejó deteriorar las de CDE hasta tener que venderlas a precio de vaca muerta en la capitalización, las de Falconbridge se mantuvieron y mantienen generando a precios competitivos y ahora venden en el mercado eléctrico.

Luego el turismo, en los años ochentas, también hubo de inventarse sistemas aislados, promover la creación de empresas especializadas en generación y distribución (incluyendo los poblados aledaños) que se gestionan con alta eficiencia y bajos niveles de perdidas técnicas y fraudes. Son los casos de Punta Cana, Bayahibe, Samaná y La Romana.

Y más reciente, el caso de la industria de vestimenta de zonas francas. Bajo circunstancias normales, el costo de electricidad para industrias no-intensivas en su uso, tales como las textileras, no debería ser un factor importante que decida la competitividad internacional de sus productos. Pero aquí no ha sido así, la electricidad ha sido un serio problema para ellas, particularmente a partir de la capitalización.

Pensando en competitividad y para forzar la competencia entre generadores y la eficiencia de las distribuidoras, la Ley General de Electricidad de 2001, estableció incentivos tributarios a los que instalasen su propia generación con combustibles renovables (agua, viento), e implantó el concepto de usuario no regulado (UNR).

No es casual que las empresas de zonas francas fueron de las primeras que la Superintendencia otorgó estatus de UNR. Esta categoría de clientes pueden licitar su propia demanda de electricidad directamente con los generadores, sin la intermediación de las distribuidoras, permitiendo que sus costos se reduzcan más de la mitad y sin el pago de impuestos o contribuciones especiales.

La manzana de la discordia en este punto siempre ha sido el tamaño mínimo necesario para optar por el estatus de UNR que solo puede otorgar la Superintendencia de Electricidad. La ley estableció un inicio relativamente alto (2 megavatios de demanda) que no más de 50 empresas en el país demandan. Sin embargo, este umbral se desmontaba hasta llegar al día de hoy a una décima parte (0.2 megavatios), que incluye a miles de empresas y hasta residenciales, edificios y centros comerciales.

Desgraciadamente, desde 2004, la Superintendencia ha mantenido ilegalmente congelada la asignación de estatus de UNR en complicidad con las empresas distribuidoras y se propone modificar la ley para evitar la proliferación de UNRs. Ciertamente, las distribuidoras perderían cerca de una tercera parte de su demanda por clientes que, además, son los que mejor pagan. Claro, uno esperaría que a ocho años del inicio de operaciones de las distribuidoras estas fueran mucho más eficientes de lo que son.

Difícil entender por qué la Superintendencia no ha sido demandada por estas empresas, pero si es demandada por la distribuidora AES-Edeeste simplemente por que esta disposición existe en violación, según ellos, a lo acordado en los contratos de la capitalización que esta misma administración les firmó.

Un estudio reciente del Banco Mundial sobre los obstáculos a la competitividad dominicana, cita la calidad y costo de la electricidad al tope de la lista (81% de las empresas encuestadas así lo perciben).

Más importante y preciso es el resultado del estudio también reciente de PAConsulting (para Egehaina), una empresa especializada en este tema y con mucha experiencia en el país. Los resultados comparativos de PAC son complejos, diferencia precios de generación y los de distribución comparando tecnologías similares, contratos, riesgo-país y poder adquisitivo entre países, pero la dirección general es clara.

Los precios de generación eléctrica dominicanos no se alejan del promedio de países comparables (excepto en el caso de precios de contratos IPPs que otorgaron las administraciones de Balaguer y Leonel Fernández que si son mucho más altos). Sin embargo, los precios de distribución están muy por encima de dicho promedio. Es decir, es un necedad insistir en el Acuerdo de Madrid, siendo que lo esencial del problema esta en las distribuidoras y en los precios de los contratos IPPs.

Ahora bien, la competitividad no solo depende de electricidad, sino que este se ha unido de forma perversa e inoportuna a excesivamente altos precios de transporte, crecientes impuestos y persistente sobre-valoración del peso dominicano frente al dólar para erosionar la competitividad de los exportadores a nivel nunca antes experimentado por ellos.

No es casual que no se haya instalado en el país ni una sola gran empresa exportadora desde 2004 (como tampoco un solo nuevo kilovatio de generación eléctrica), al contrario, esta documentado como se han ido las empresas y como se han reducido las exportaciones. Cayeron incluso las exportaciones de aquellas empresas que lograron reducir sus costos de energía alcanzando estatus de UNR o instalando sus propios generadores de electricidad, confirmando que no es solo eléctrico el problema.

El otro problema, quizás más grave de cara a un futuro con DR-CAFTA, esta en que el alto precio de electricidad inhibe que se revelen las ventajas competitivas del país, porque inhabilita a muchas empresas existentes y a muchos inversionistas potenciales de establecer nuevas líneas de exportación.

La RD puede abaratar sus precios de electricidad y ampliar su oferta, tal como se logró reducir el precio en 30% e instalar 504 megavatios nuevos y mejorar la eficiencia de 460 al cambiar a gas y carbón con el Acuerdo de Madrid. Esta administración quiso imitar la hazaña tratando de renegociar lo ya renegociado, y lo que ha hecho es perder un tiempo valioso, envenenar el clima de negocios, ser demandada y hacer el ridículo.

El punto esta en que, como decía Milton Friedman “there’s no such a thing as a free lunch” (no hay tal cosa como un almuerzo gratis). Esta administración no ha logrado diseñar e implementar una estrategia creadora de valor y eficiencias que nos ponga en la dirección de abaratamiento del precio de electricidad.

FMI, BANCO MUNDIAL Y MALA GESTIÓN ELÉCTRICA

El gobierno ha sido castigado severamente por el FMI y el Banco Mundial hasta hacerlo pedir excusas por escrito. Aparte de la locura del Metro que le ha creado un agujero al presupuesto, la otra razón es que permitieron un desastroso desempeño del sector eléctrico que, a su vez, arrastró consigo al empeoramiento del déficit fiscal de todo el gobierno y al incumplimiento de las metas macroeconómicas programadas para 2006.

En efecto, diferente al triunfalismo de las cartas de intención al FMI de 2005 y 2006, en el primer párrafo de la carta de este año el gobierno admite implícitamente que el famoso “plan de rescate del sector eléctrico” fracasó, ya que para este año se compromete a “la implementación de un nuevo plan integral del sector eléctrico”. Y termina ese primer párrafo pidiendo excusas en la jerga del FMI: “solicitamos las dispensas correspondientes”.

Esto tenía precedentes. En la carta de intención anterior, 2005, se prometía reducir las pérdidas de las distribuidoras al 30%, subir los cobros a un 90%, pagar al día las facturas corrientes a los generadores y los intereses de las cuentas congeladas, re-negociar los contratos de Madrid y reducir el subsidio a US$350 millones.

Tremenda agenda cuyos resultados fueron: aumento de la deuda corriente con los generadores en US$100 millones, nunca se pago los intereses de la deuda vieja, pérdidas subieron al 44% según el Banco Central, el subsidio fue casi el doble de lo prometido (terminó en US$620 millones), y no se renegoció ni un solo contrato.

Más allá de los apagones y altas tarifas, muchas personas aun no entienden la enorme fuerza de gravedad (casi de “hoyo negro”) que ejerce una mala gestión del sector eléctrico sobre las cuentas fiscales y la macroeconomía. Fernando Álvarez Bogaert, secretario de finanzas, le dijo varias veces a Hipólito Mejía que el sector eléctrico que le habían dejado con la capitalización y los IPPs era un “barril sin fondo” y que “era capaz de hacer quebrar al Estado”, pero al final fue otro “hoyo” el que lo hizo renunciar.

El evento más importante de política económica en los últimos años es la carta de intención que envía periódicamente el gobierno al FMI para sustentar el programa económico que ambos han acordado. La de este año, publicada recién el 8 de febrero, ha sido un parto difícil, y los más punzantes dolores vinieron del sector eléctrico.

Las dificultades que plantearía el sector eléctrico para 2007 ya se veían venir a pesar de que los funcionarios del sector la ocultaban. Erik Offerdal, representante residente del FMI, mostraba gráficamente (lamina 38 de su exposición a la prensa de noviembre de 2006, disponible en el website del FMI) la deficiente gestión en el sector eléctrico que desde diciembre de 2004 no había mejorado y que la tendencia había empeorado gravemente con las elecciones de 2006.

Sin embargo, Offerdal tenia esperanza de que se produjeran mejoras, ya que la recuperación desde mayo era visible hasta septiembre de ese año, aunque débil ya que no superaba lo ya alcanzado durante la anterior administración.

Cuando estuvieron disponibles las cifras de todo el año (ocultas y hasta mentidas al público), este tema de la gestión del sector eléctrico se puso al rojo vivo en las negociaciones entre el FMI y el gobierno. Es cuando el FMI anuncia que no será en diciembre que conocerá las revisiones del acuerdo stand-by, después dice que tampoco sería en enero y después que podría ser en febrero.

Ante el éxito previsible de que el congreso aprobara la ambiciosa y voraz reforma fiscal, el Banco Mundial accedió en desembolsar apresuradamente los primeros US$50 millones de un préstamo que se venía negociando desde hace diez años para el sector eléctrico sin que s cumpliesen las condiciones previas. Es que el gobierno no podía pagar los atrasos a los generadores sin descuadrar aun más el déficit fiscal que ya había sido descalabrado (alcanzando el 1% del PIB en lugar de cero) por el subsidio eléctrico de US$530 millones en lugar de los US$480 acordados con el FMI--recordemos que en 2005 el subsidio terminó en US$620 millones de los US$350 que se habían acordado--.

[Por cierto, la mentira tiene patas cortas, y las del superintendente y la CDEEE no son la excepción, cuando en diciembre y enero dijeron que lo programado de subsidio había sido US$600 millones, por lo cual se felicitaban al resultar menor el monto. ¡Mentirosos!].

La tormenta y las mentiras no terminan aquí. Imaginen la rabia de Offerdal y el staff del FMI, que había alimentado esperanza en el publico dominicano e internacional sobre las mejoras incipientes del Índice de Recuperación de Efectivo (IRE) de las distribuidoras, al ser informados que entre septiembre y diciembre no se había producido absolutamente ninguna mejora del mismo (quedando estancado en 55-56%, comparado con el 63% que en la carta de intención del año pasado se había acordado).

Claro, fueron los meses que Segura y el gabinete eléctrico se la pasaron figureando en la TV, radio y periódicos con el fallido intento de renegociación de los contratos de Madrid, en lugar de estar trabajando en algo que rindiera frutos y justificara el sueldazo que se han puesto.

También descubre uno a través de la carta de intención que se comienza a dudar gravemente de la palabra y soporte administrativo del gabinete eléctrico. ¿Por qué otra razón se obliga el gobierno ante el FMI y el BM a algo como “publicar en breve los resultados de las auditorias externas realizadas al Índice de Recuperación de Efectivo de las empresas distribuidoras… siguiendo los lineamientos de los términos de referencia acordados con el Banco Mundial”, así como los estados financieros de las distribuidoras y la CDEEE?

Mas aun, en el “Memorando Técnico de Entendimiento” anexo a la carta de intención de este año, se han afinado indicadores y criterios anteriores y se han añadido toda una serie de criterios de desempeño cuantitativos y metas indicativas especialmente relativas al sector eléctrico, con formas de calculo precisas y fechas estrictas de entrega. Es que en la carta de intención del año pasado se habían comprometido a algo similar, con fechas y todo, pero el gobierno no cumplió con esta obligación. (“¿Cómo hacer eso y ganar las elecciones?” me imagino a los funcionarios argumentando a puertas cerradas entre ellos, y alguien contestando “no le de’mente, dale pa’lante que en el camino se apareja la carga”).

Parece, sin embargo, que el gobierno sigue hablando mentira descaradamente. En la carta de intención de este año el gobierno dice: “las auditorias externas de los estados financieros del 2005 de las distribuidoras y de la CDEEE fueron recientemente publicadas”. No es solo que ya estamos en 2007, sino que ¿dónde están? ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Por qué no las publican en el portal de Internet de las empresas, como se hacia antes?

Antes se había creado el “Comité de Recuperación del Sector Eléctrico”, que con su plan y todo fracasó. Ahora se ha creado un tal “Comité de Monitoreo para el Sector Eléctrico, el cual se encargará de monitorear el desempeño bajo el (nuevo) plan integral, y recomendar acciones correctivas en caso de presentarse desviaciones a lo establecido”. ¡Wow! La desconfianza en el desempeño del gabinete eléctrico corre profunda. Ojala no los pongan a ellos mismos a monitorearse.

Yo solo espero alcanzar a ver una de esta famosas y tan esperadas copias de las auditorias y estados financieros para que, finalmente, se arroje algo de luz sobre la oscuridad de información fidedigna que hemos sufrido en los últimos años, y así saber a ciencia cierta que es lo que de verdad esta ocurriendo en el sector eléctrico de este país desde agosto de 2004.

AES y TCW contra el Estado Dominicano

Ante la demanda de AES-TCW contra el Estado dominicano, no es coincidencia que el gabinete eléctrico haya respondido con velocidad de rayo, comparado con sus esclerotizados estándares.

A las 24 horas de que se coló la noticia en el diario “HOY”, estaba Segura aclarando de lo que se trataba. A las siguientes 24 horas ya se había reunido el gabinete eléctrico con el consultor jurídico (y hasta quizás el Presidente), y Segura declaraba mansamente que “el gobierno esta completamente abierto al dialogo”. A las 12 horas de eso estaba el superintendente dando declaraciones a un programa matutino de TV.

Es que la pelea no es fácil. La entrada en vigencia de las estrictas normas y disciplinas en materia de resolución de conflictos del DR-CAFTA no permitirán que la CDEEE y la Superintendencia tomen este tema a la ligera.

También pesará en este litigio el hecho de que la empresa demandante, Trust Company of the West (TCW), es uno de los grandes fondos de inversiones en el mercado internacional y como tal es tenedora de bonos soberanos dominicanos. Si una empresa como esa comienza a deshacerse de los bonos comentando que ya no confía en el clima de negocios del país, las consecuencias pueden ser graves.

TCW parece haber escogido a AES en su estrategia de donde invertir recursos de su gigantesco fondo de inversiones. También parece que TCW se encarga de ayudar a salvar o liquidar las subsidiarias de AES que están en dificultades financieras que se reflejarían mal en los libros y resultados de AES ante los accionistas (mientras que el tamaño de TCW permite absorber mucho mayores volúmenes de inversiones de bajo rendimiento sin afectar el promedio).

Uno de los alegatos de AES-TCW es que hubo tratamiento discriminatorio a favor de Unión Fenosa en la recompra de acciones que hizo el Estado dominicano. En realidad, hay que poner mas atención al hecho de que esta administración favoreció a Unión Fenosa en 2005 con el pago de US$300 millones en efectivo e inmediato para pagar el prestamo que la misma UF habia otorgado para que el Estado dominicano comprara Edenorte y Edesur en 2003. Esta última transacción, no la compra de las empresas, fue lo que hizo discriminatorio el trato y atractivo y jugoso el resultado para abrirle el apetito a AES-TCW.

Aunque el embajador ha negado conocimiento, puede considerarse casi seguro que la embajada de los EEUU ha estado todo el tiempo informada y hasta puede ser que haya sido consultada sobre el “timing” de esta situación. (¿Cómo dudarlo de un abogado cuya oficina privada en Puerto Rico ha tenido de cliente a Smith-Enron Cogeneration Limited y en su país de origen AES es una de las principales generadoras de electricidad y vendedora de rockash?). También puede ser asumido que el embajador haya conversado con el presidente Fernández sobre el tema. Y si no lo hizo, se podría considerar tremenda descortesía, pero resulta que el embajador esta de salida y lleva meses despidiéndose con conferencias, charlas y cócteles.

No creo que sea un tema de que AES-TCW “se quiere ir del país”, ni simplemente que “quiere sacarle un dinero al gobierno”. En esta movida hay mucho más que eso, hay muchos elementos moviéndose cual piezas de relojería como para saber que es una movida fríamente calculada. (¿Es posible imaginar que hasta los abogados de la CDEEE fueran consultados en voz queda y hayan contestado con susurros y señas?).

Primero, ya esto de las renegociaciones fallidas de Segura, calificando de ilegales los contratos de Madrid, incluyendo el que AES-DPP transfirió a AES-Andrés, se tornaba obstáculo para avance y financiamiento en el sector (¿quién presta en un sector que el gobierno tilda de ilegal?). Para colmo, también la emprende Segura contra AES-Egeitabo, acusándola de no cumplir sus contratos y de haberse convertido en intermediaria de la energía de la CDEEE, ganándose un buen margen a costa del patrimonio público. Las empresas norteamericanas no se toman a la ligera este tipo de declaraciones, sobre todo si lo entienden como instrumento de competencia desleal a favor de las plantas de carbón de la CDEEE que competirán contra el mayor generador a carbón en el país que es AES-Egeitabo.

Segundo, AES estaba muy tranquila sobre el tema de la reducción del límite para optar por status de usuario no regulado, ya que la Superintendencia nunca lo ha aplicado como manda la ley, sino como dice AES-TCW que debería ser. Ahora parece temer que la modificación de la ley no sea aprobada en el congreso. Ese temor se funda en que la protesta casi armada de los empresarios contra la avaricia tributaria del gabinete eléctrico al también introducir en las modificaciones un impuesto de 10% al CONEP, digo a los usuarios no regulados.

AES-TCW saben que no pueden perder la batalla en contra de los no regulados, perdería mucho dinero (quizás el 50% de la mejor parte de su mercado, y sería imposible su sostenibilidad financiera). Simplemente desaparecería engullida por Edesur que puede mantener una base amplia de consumidores residenciales. Eso, precisamente eso, es lo que quizás están buscando, que le compren la distribuidora. O pueden ser más ingeniosos aun, aspirando a que le cedan Edesur por una parte de esa “compensación” que ellos reclaman.

Tercero, la tarifa técnica se pospone con el acuerdo de sostenibilidad (2001) y también como producto de las negociaciones del Acuerdo de Madrid. Julio Cross trata de introducirla, hasta contrató y terminó el estudio con PAconsulting (la misma que hoy trabaja para Egehaina) y fue AES que demandaba en aquel momento no aplicarla, ya que con ella se le reduciría el Valor Agregado de Distribución (VAD) en por lo menos un 30% en comparación a la tarifa técnica a la que aspira AES-TCW que es la concedida por Radhames Segura y Francisco Méndez en los memos de entendimiento de la capitalización, lo cual significaría algo cercano a perpetuar la muy alta tarifa actual.

No es verdad que AES-TCW no había anunciado nada, como dice Segura. En los archivos de la CDEEE, que Segura no creo que consulta (y hasta los destruye, por lo menos los documentos que estaban en el portal de Internet de la CDEEE) y en los de la Superintendencia, reposan comunicaciones de AES en ese mismo sentido. La administración de Cesar Sánchez mantuvo “a raya” a AES, amenazándolos con contra demandas por sus flagrantes violaciones tanto a los contratos de la capitalización, las renegociaciones contractuales y la Ley General de Electricidad (incluyendo el robo de electricidad tanto del PRA, como de todo el consumo de la ciudad de Sabana de la Mar)

AES-TCW hace esto después que la CDEEE de Segura fue complaciente con una demanda similar incoada contra AES-Egeitabo en 2003 (25% de AES en esa fecha, 50% hoy) y se gana en 2006. Sin embargo, la CDEEE deja dormir su triunfo y no hace que su abogado en dicho caso (Julio Cury, creo), exija la compensación debida (no se puede descartar turbias negociaciones sin informar a la ciudadanía sobre sus intereses en dichas empresas PÚBLICAS).

AES-TCW esta sangrando por la herida de no haber podido cobrar el canon de administración que Segura le firmó contractualmente (en 1999), pero que la administración de Cesar Sánchez condicionó en la renegociación de contratos (acuerdo de sostenibilidad de 2001) a que se disminuyeran las perdidas de acuerdo a determinados estándares e índices de gestión que aun AES-Edeeste no alcanza.

Puede ser que falte mucho camino por recorrer, pero le queda a uno la duda de cuan efectivo será el gabinete eléctrico de esta administración defendiendo los intereses de los consumidores dominicanos en las instancias de negociaciones a que este conflicto los lleve.

Sin embargo, antes de eso, hay muchas preguntas que hacerle al gabinete electrico sobre este tema:

¿Aceptaron las actuales autoridades (CDEEE) la “compra-transferencia” de acciones de AES en favor de TCW?

• ¿Cuál fue el precio?
• ¿Hubo ganancia de capital?
• ¿Fueron informadas formalmente las instancias estatales pertinentes, la DGII entre ellas?
• ¿Cuáles fueron las condiciones?
• ¿Se le vendió con este “activo contingente” de las perdidas del pasado para que ahora TCW las reclame como si tuviera propiedad y derechos sobre esta eventualidad?
• ¿Aceptó eso la CDEEE en el contrato, negociaciones y votaciones que debió conocer el Consejo de Administración de Edeeste?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?

Después de la compra por parte de TCW, AES se mantuvo como administradora-operadora de Edeeste

• ¿Por qué?
• ¿Bajo que condiciones?
• ¿Hay un contrato?
• ¿Hubo licitación? Y si no la hubo, ¿aceptó eso con su voto la CDEEE?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?

La Cámara de Cuentas parece haber sometido a la Justicia a AES-Edeeste por fraude al Estado Dominicano por una suma superior a los dos mil millones.

• ¿Es cierto?
• ¿A que altura se encuentra ese proceso?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Fue tomado en cuenta este “pasivo contingente” en la operación de compra de TCW?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre potencial comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?

La pasada administración de la CDEEE sometió a la Justicia a AES-Egeitabo por sobre-valuación (malversación de fondos) del Proyecto de Rehabilitación de la Central Itabo y la construcción del muelle de carbón (Este caso fue a la Cámara Internacional del Comercio, caso # 13708/CCO). Recientemente se ha producido un fallo a favor de CDEEE.

• ¿En que precisamente consiste el fallo a favor de CDEEE?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?
• ¿Fue este “pasivo contingente” lo que hizo que EL Paso Energy se deshiciera de sus acciones en Egeitabo vendiéndolas a AES?

La pasada administración de la CDEEE le dejó a esta la documentación y pasos iniciales de reclamación contra AES-Edeeste de una deuda (por fraude al Estado Dominicano y CDEEE) por un monto superior a los novecientos millones RD$900 millones.

• ¿Qué ha pasado con esta reclamación?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Provocó la CDEEE que fuese tomado en cuenta este “pasivo contingente” a su favor en la operación de compra de TCW?
  

El gabinete eléctrico parece no haber hecho nada sobre estos casos y ahora están girando como un trompo sobre el punto de la demanda de TCW. ¿Fue la venta a TCW un ardid de AES para evitar que se le pida rendir cuentas pendientes? ¿Será esta una negociación entre “gitanos”?