Mientras más detalles se conocen de los contratos otorgados a las plantas de carbón de CDEEE, más claro queda que no se trata de un error, sino de una gran estafa al bolsillo de los contribuyentes del fisco y clientes del sector eléctrico. La carga fiscal es excesiva e innecesaria, aumenta las posibilidades de corrupción, no reducirá la tarifa significativamente y, como si eso fuera poco, también privilegia a estos inversores sobre otros atrayendo mas demandas internacionales contra el país.
Estos proyectos comenzaron con el grado a grado que la empresa Westmont quiso lograr al principio de esta administración. Desenmascarada la situación, hubo que organizar licitaciones a las que solo asistieron tres propuestas (a pesar de lo jugoso de los contratos).
Han pasado ocho meses, hace cinco que debieron haber comenzado los trabajos, pero los inversionistas no habían conseguido financiamiento. No es de extrañarse, con proyectos avalados por contratos IPPs absurdos en medio de reformas eléctricas que ya van por “segunda generación” (en la jerga del Banco Mundial).
Y ahora nos sorprenden a todos con la intención o solicitud del poder ejecutivo al Congreso de otorgar garantía soberana a las cartas de crédito para proteger a los inversionistas de las plantas de carbón “licitadas” por la CDEEE. El esquema de negocios develado es tan desatinado e irritante que bordea la esquizofrenia. Veamos.
La CDEEE ha armado un plan de negocios tipo maquila o zona franca con los inversionistas de las plantas de carbón. Por 20 años, la CDEEE suministrará a su propio costo el terreno, muelle y combustible (carbón), conexión de transmisión, y el compromiso de compra de la energía producida avalado por carta de crédito a la vista y revolvente que contaría con garantía soberana. Los inversionistas simplemente procesarán el carbón para convertirlo en energía.
Olvidémonos por un momentito de los precios, este es un tema que va mucho más allá que eso. Este no es el tipo de inversionista privado que necesita el sector eléctrico dominicano. Tampoco el riesgo-país se encuentra tan deteriorado (¿no es el mismo gobierno que dice esto?). Este país ya no es una república bananera como para buscarse un esquema de negocios peor que los de finales del siglo 19 o principios del 20.
Ni en la época dorada de los IPPs (1989-1999) se ha protegido y privilegiado tanto a un inversionista eléctrico. Estos privilegios constituyen un abuso y discriminación contra los demás inversionistas que comparten los riesgos con el gobierno en el sector eléctrico. El país atrae mas demandas internacionales por competencia desleal con este tipo de negocios.
Vamos ahora a otros tres temas: la urgencia de las plantas generadoras, sus meritos y sus precios. En ninguno de ellos el resultado apoya una decisión como la que ha tomado el gobierno en representación de sus ciudadanos.
Es cierto que el sector eléctrico necesita de grandes y eficientes generadoras de energía de “base” a bajo costo, como son (tecnológicamente hablando) estas plantas de carbón. Es decir, necesitamos abastecer esa masa de la demanda mínima de todos los días, y las tecnologías disponibles hoy son nuclear y carbón.
Mi preferencia seria evitar contaminación en suelo dominicano y optar por la energía nuclear, ya sea que EEUU instale una planta en Puerto Rico o permita que Cuba termine su planta nuclear de Jaragua, para nosotros interconectar por transmisión de cable submarino desde Punta Cana o Pedernales (o desde el mismo Haití con una empresa de transmisión de propiedad dominicana), pero eso tendrá que esperar.
Ahora bien, hay dos razones que impiden que estos nefastos proyectos de carbón satisfagan dicho requerimiento urgente. Primero, la restricción y represión de la demanda de electricidad que ejercen financieramente las empresas distribuidoras con la complicidad ilegal de la Superintendencia de electricidad, ya que son incapaces de cobrar la electricidad que venden, impide que la demanda nacional de energía crezca a su ritmo natural. Por tanto, aunque se disponga de más energía, esta no podrá ser colocada en el mercado (como pasa actualmente, que “sobra” capacidad instalada en el sistema).
Segundo, y más importante, la modalidad de contratación escogida por el gobierno (contrato IPP), de nuevo con la enervante complicidad de la Superintendencia, imposibilita que la tecnología del carbón impacte en el mercado disminuyendo precios de energía a las distribuidoras y tarifa para los consumidores. Esto es algo complejo de explicar, pero intentaremos ilustrarlo de la forma más simple y detallada.
En el mercado eléctrico hay dos segmentos, el de contratos y el de excedentes (llamado SPOT). Las empresas distribuidoras deben comprar primero la energía que ellas mismas han contratado con los generadores (un máximo de 80% según la ley) y luego abastecerse del mercado spot (20% restante). El precio de contrato es fijo, y el del spot varía según oferta y demanda, pero tiene un tope (por decisión de la Superintendencia).
¿Cómo entraría la energía de las nuevas plantas de carbón en este mercado? CDEEE como intermediaria compra la energía, pero solo puede vender una pequeña fracción en el mercado de contratos (100 de los 1,200 megavatios). Debido a que este mercado de contratos tiene precio fijo, CDEEE simplemente compra barata la energía del carbón y la vende a ese precio fijo de contrato, tal como hace con la hidroelectricidad en este momento. Es decir, no se produce ningún impacto en reducción de precios ni tarifa. Strike one, abanicó el consumidor.
El resto de la energía de carbón (la mayoría) seria vendida en el mercado spot. En ese mercado, tanto como las distribuidoras también pueden comprar los generadores para revender. ¿Cómo? Si un generador (que tiene contratos que satisfacer con la distribuidora) no puede generar o puede comprar mas barato para revenderlo a su precio garantizado de contrato, pues lo hace (tal como han estado haciendo en los últimos años, comprando energía hidroeléctrica barata de la CDEEE). Lo mismo pasará con la energía del carbón, con lo cual no hay impacto de reducción de precios ni tarifa, sino mayores ganancias para las empresas por el diferencial de precios. Strike two, abanicó de nuevo el consumidor.
(Para ver mejor la grafica, coloque el cursor encima y "click")
Queda el posible impacto en reducir los precios del mercado spot con el sobrante de la energía de carbón. Pero este mercado es 20% solo en la letra de la ley, desde el 16 de agosto de 2004 la Superintendencia ha permitido que este mercado se haya reducido a menos del 5% del total (por el control y represión de la demanda a través de apagones financieros). Por tanto, el impacto en precios y tarifa se reduciría a menos del 1%. Strike three, ponchado el consumidor.
Ahora, supongamos que la Superintendencia abandona su complicidad con las distribuidoras y ordena que no se reprima la demanda, de tal forma que crece el mercado spot y la energía del carbón sí podría tener impacto. En ese caso optimo, el impacto es de apenas en el 20% en la ponderación del precio final de energía. Es decir, el impacto final en precios y tarifa sería de menos del 3%.
Pero el problema financiero no termina allí, tiene ramificaciones fiscales. Veamos. En todos los casos, la CDEEE siempre estará interesada en generar el máximo que pueda. Por dos razones. Una, si las plantas de carbón no generan, de todas formas la CDEEE tendrá que pagar lo que debieron haber producido (por el contrato IPP que ha garantizado). Dos, la CDEEE estará siempre urgida de efectivo para pagar por el combustible (carbón) para que las plantas no dejen de generar, ya que tendrá que pagar de todas formas por la energía que no se produce.
De seguro la CDEEE no tendrá capital de trabajo (unos US$30 millones mensuales) y, como siempre, será del presupuesto nacional que esos pagos deberán ser realizados. Igualmente, si algo sale mal, ya sea con el pago que hacen las distribuidoras, el suministro de carbón, el muelle carbonero, la transmisión o los pagos a los generadores de carbón, estos se cobrarán automáticamente de la carta de crédito y no volverán a generar hasta que el monto original de dichas cartas de crédito no se re-establezca. De nuevo, es del presupuesto nacional que saldrán los recursos para re-establecer las cartas de crédito.
Queda claro que la combinación de contrato IPP (con su carta de crédito), por un lado, y las políticas del “plan” de esta administración, por el otro lado, son las dos hojas de la tijera que cortan e impiden que los consumidores se beneficien hasta con la instalación de generación eficiente y a bajo costo. Quizás hasta se necesitará otra “reforma fiscal” solo para mantener funcionando las gigantescas plantas a carbón.
¿Y es a estos contratos que el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás miembros de la intelligentsia del “Consenso de Washington” han dado su apoyo? En definitiva, este modelo es más que una estafa. Quizás algún lector creyó que exagerábamos al principio, pero a esto me refería cuando hablaba de un modelo eléctrico esquizofrénico. Mientras tanto, yo me voy a protestar con pancartas frente al Congreso contra la garantía soberana que se está gestionando para estos monstruos de carbón.
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