ELECTRICIDAD Y COMPETITIVIDAD DOMINICANA

La electricidad siempre ha sido un problema para la competitividad dominicana. Sin excepción, todos los grandes y exitosos sectores industriales exportadores han necesitado ingeniárselas para producir su propia energía aislada del resto de la economía. Son los casos del azúcar, el ferroniquel, el turismo y hasta las textileras de zonas francas que no son, como las anteriores, intensivas en el uso de electricidad.

A finales del siglo 19 y durante todo el siglo 20, la gran industria azucarera movió sus maquinarias a vapor eficientemente con el uso del bagazo de caña como combustible, electrificó parte de los bateyes y pueblos aledaños y hasta vendía excedentes al resto del país. En manos estatales corruptas y luego privadas le llegó la muerte prematura a esta industria y su potencial eléctrico quedó sin legado.

Para el ferroniquel, a final de los años sesentas, la empresa Falconbridge instaló sus propias plantas generadoras con tecnología a vapor y combustible pesado muy similar a las que también instaló la CDE en los parques de Haina e Itabo. Mientras el gobierno dejó deteriorar las de CDE hasta tener que venderlas a precio de vaca muerta en la capitalización, las de Falconbridge se mantuvieron y mantienen generando a precios competitivos y ahora venden en el mercado eléctrico.

Luego el turismo, en los años ochentas, también hubo de inventarse sistemas aislados, promover la creación de empresas especializadas en generación y distribución (incluyendo los poblados aledaños) que se gestionan con alta eficiencia y bajos niveles de perdidas técnicas y fraudes. Son los casos de Punta Cana, Bayahibe, Samaná y La Romana.

Y más reciente, el caso de la industria de vestimenta de zonas francas. Bajo circunstancias normales, el costo de electricidad para industrias no-intensivas en su uso, tales como las textileras, no debería ser un factor importante que decida la competitividad internacional de sus productos. Pero aquí no ha sido así, la electricidad ha sido un serio problema para ellas, particularmente a partir de la capitalización.

Pensando en competitividad y para forzar la competencia entre generadores y la eficiencia de las distribuidoras, la Ley General de Electricidad de 2001, estableció incentivos tributarios a los que instalasen su propia generación con combustibles renovables (agua, viento), e implantó el concepto de usuario no regulado (UNR).

No es casual que las empresas de zonas francas fueron de las primeras que la Superintendencia otorgó estatus de UNR. Esta categoría de clientes pueden licitar su propia demanda de electricidad directamente con los generadores, sin la intermediación de las distribuidoras, permitiendo que sus costos se reduzcan más de la mitad y sin el pago de impuestos o contribuciones especiales.

La manzana de la discordia en este punto siempre ha sido el tamaño mínimo necesario para optar por el estatus de UNR que solo puede otorgar la Superintendencia de Electricidad. La ley estableció un inicio relativamente alto (2 megavatios de demanda) que no más de 50 empresas en el país demandan. Sin embargo, este umbral se desmontaba hasta llegar al día de hoy a una décima parte (0.2 megavatios), que incluye a miles de empresas y hasta residenciales, edificios y centros comerciales.

Desgraciadamente, desde 2004, la Superintendencia ha mantenido ilegalmente congelada la asignación de estatus de UNR en complicidad con las empresas distribuidoras y se propone modificar la ley para evitar la proliferación de UNRs. Ciertamente, las distribuidoras perderían cerca de una tercera parte de su demanda por clientes que, además, son los que mejor pagan. Claro, uno esperaría que a ocho años del inicio de operaciones de las distribuidoras estas fueran mucho más eficientes de lo que son.

Difícil entender por qué la Superintendencia no ha sido demandada por estas empresas, pero si es demandada por la distribuidora AES-Edeeste simplemente por que esta disposición existe en violación, según ellos, a lo acordado en los contratos de la capitalización que esta misma administración les firmó.

Un estudio reciente del Banco Mundial sobre los obstáculos a la competitividad dominicana, cita la calidad y costo de la electricidad al tope de la lista (81% de las empresas encuestadas así lo perciben).

Más importante y preciso es el resultado del estudio también reciente de PAConsulting (para Egehaina), una empresa especializada en este tema y con mucha experiencia en el país. Los resultados comparativos de PAC son complejos, diferencia precios de generación y los de distribución comparando tecnologías similares, contratos, riesgo-país y poder adquisitivo entre países, pero la dirección general es clara.

Los precios de generación eléctrica dominicanos no se alejan del promedio de países comparables (excepto en el caso de precios de contratos IPPs que otorgaron las administraciones de Balaguer y Leonel Fernández que si son mucho más altos). Sin embargo, los precios de distribución están muy por encima de dicho promedio. Es decir, es un necedad insistir en el Acuerdo de Madrid, siendo que lo esencial del problema esta en las distribuidoras y en los precios de los contratos IPPs.

Ahora bien, la competitividad no solo depende de electricidad, sino que este se ha unido de forma perversa e inoportuna a excesivamente altos precios de transporte, crecientes impuestos y persistente sobre-valoración del peso dominicano frente al dólar para erosionar la competitividad de los exportadores a nivel nunca antes experimentado por ellos.

No es casual que no se haya instalado en el país ni una sola gran empresa exportadora desde 2004 (como tampoco un solo nuevo kilovatio de generación eléctrica), al contrario, esta documentado como se han ido las empresas y como se han reducido las exportaciones. Cayeron incluso las exportaciones de aquellas empresas que lograron reducir sus costos de energía alcanzando estatus de UNR o instalando sus propios generadores de electricidad, confirmando que no es solo eléctrico el problema.

El otro problema, quizás más grave de cara a un futuro con DR-CAFTA, esta en que el alto precio de electricidad inhibe que se revelen las ventajas competitivas del país, porque inhabilita a muchas empresas existentes y a muchos inversionistas potenciales de establecer nuevas líneas de exportación.

La RD puede abaratar sus precios de electricidad y ampliar su oferta, tal como se logró reducir el precio en 30% e instalar 504 megavatios nuevos y mejorar la eficiencia de 460 al cambiar a gas y carbón con el Acuerdo de Madrid. Esta administración quiso imitar la hazaña tratando de renegociar lo ya renegociado, y lo que ha hecho es perder un tiempo valioso, envenenar el clima de negocios, ser demandada y hacer el ridículo.

El punto esta en que, como decía Milton Friedman “there’s no such a thing as a free lunch” (no hay tal cosa como un almuerzo gratis). Esta administración no ha logrado diseñar e implementar una estrategia creadora de valor y eficiencias que nos ponga en la dirección de abaratamiento del precio de electricidad.

FMI, BANCO MUNDIAL Y MALA GESTIÓN ELÉCTRICA

El gobierno ha sido castigado severamente por el FMI y el Banco Mundial hasta hacerlo pedir excusas por escrito. Aparte de la locura del Metro que le ha creado un agujero al presupuesto, la otra razón es que permitieron un desastroso desempeño del sector eléctrico que, a su vez, arrastró consigo al empeoramiento del déficit fiscal de todo el gobierno y al incumplimiento de las metas macroeconómicas programadas para 2006.

En efecto, diferente al triunfalismo de las cartas de intención al FMI de 2005 y 2006, en el primer párrafo de la carta de este año el gobierno admite implícitamente que el famoso “plan de rescate del sector eléctrico” fracasó, ya que para este año se compromete a “la implementación de un nuevo plan integral del sector eléctrico”. Y termina ese primer párrafo pidiendo excusas en la jerga del FMI: “solicitamos las dispensas correspondientes”.

Esto tenía precedentes. En la carta de intención anterior, 2005, se prometía reducir las pérdidas de las distribuidoras al 30%, subir los cobros a un 90%, pagar al día las facturas corrientes a los generadores y los intereses de las cuentas congeladas, re-negociar los contratos de Madrid y reducir el subsidio a US$350 millones.

Tremenda agenda cuyos resultados fueron: aumento de la deuda corriente con los generadores en US$100 millones, nunca se pago los intereses de la deuda vieja, pérdidas subieron al 44% según el Banco Central, el subsidio fue casi el doble de lo prometido (terminó en US$620 millones), y no se renegoció ni un solo contrato.

Más allá de los apagones y altas tarifas, muchas personas aun no entienden la enorme fuerza de gravedad (casi de “hoyo negro”) que ejerce una mala gestión del sector eléctrico sobre las cuentas fiscales y la macroeconomía. Fernando Álvarez Bogaert, secretario de finanzas, le dijo varias veces a Hipólito Mejía que el sector eléctrico que le habían dejado con la capitalización y los IPPs era un “barril sin fondo” y que “era capaz de hacer quebrar al Estado”, pero al final fue otro “hoyo” el que lo hizo renunciar.

El evento más importante de política económica en los últimos años es la carta de intención que envía periódicamente el gobierno al FMI para sustentar el programa económico que ambos han acordado. La de este año, publicada recién el 8 de febrero, ha sido un parto difícil, y los más punzantes dolores vinieron del sector eléctrico.

Las dificultades que plantearía el sector eléctrico para 2007 ya se veían venir a pesar de que los funcionarios del sector la ocultaban. Erik Offerdal, representante residente del FMI, mostraba gráficamente (lamina 38 de su exposición a la prensa de noviembre de 2006, disponible en el website del FMI) la deficiente gestión en el sector eléctrico que desde diciembre de 2004 no había mejorado y que la tendencia había empeorado gravemente con las elecciones de 2006.

Sin embargo, Offerdal tenia esperanza de que se produjeran mejoras, ya que la recuperación desde mayo era visible hasta septiembre de ese año, aunque débil ya que no superaba lo ya alcanzado durante la anterior administración.

Cuando estuvieron disponibles las cifras de todo el año (ocultas y hasta mentidas al público), este tema de la gestión del sector eléctrico se puso al rojo vivo en las negociaciones entre el FMI y el gobierno. Es cuando el FMI anuncia que no será en diciembre que conocerá las revisiones del acuerdo stand-by, después dice que tampoco sería en enero y después que podría ser en febrero.

Ante el éxito previsible de que el congreso aprobara la ambiciosa y voraz reforma fiscal, el Banco Mundial accedió en desembolsar apresuradamente los primeros US$50 millones de un préstamo que se venía negociando desde hace diez años para el sector eléctrico sin que s cumpliesen las condiciones previas. Es que el gobierno no podía pagar los atrasos a los generadores sin descuadrar aun más el déficit fiscal que ya había sido descalabrado (alcanzando el 1% del PIB en lugar de cero) por el subsidio eléctrico de US$530 millones en lugar de los US$480 acordados con el FMI--recordemos que en 2005 el subsidio terminó en US$620 millones de los US$350 que se habían acordado--.

[Por cierto, la mentira tiene patas cortas, y las del superintendente y la CDEEE no son la excepción, cuando en diciembre y enero dijeron que lo programado de subsidio había sido US$600 millones, por lo cual se felicitaban al resultar menor el monto. ¡Mentirosos!].

La tormenta y las mentiras no terminan aquí. Imaginen la rabia de Offerdal y el staff del FMI, que había alimentado esperanza en el publico dominicano e internacional sobre las mejoras incipientes del Índice de Recuperación de Efectivo (IRE) de las distribuidoras, al ser informados que entre septiembre y diciembre no se había producido absolutamente ninguna mejora del mismo (quedando estancado en 55-56%, comparado con el 63% que en la carta de intención del año pasado se había acordado).

Claro, fueron los meses que Segura y el gabinete eléctrico se la pasaron figureando en la TV, radio y periódicos con el fallido intento de renegociación de los contratos de Madrid, en lugar de estar trabajando en algo que rindiera frutos y justificara el sueldazo que se han puesto.

También descubre uno a través de la carta de intención que se comienza a dudar gravemente de la palabra y soporte administrativo del gabinete eléctrico. ¿Por qué otra razón se obliga el gobierno ante el FMI y el BM a algo como “publicar en breve los resultados de las auditorias externas realizadas al Índice de Recuperación de Efectivo de las empresas distribuidoras… siguiendo los lineamientos de los términos de referencia acordados con el Banco Mundial”, así como los estados financieros de las distribuidoras y la CDEEE?

Mas aun, en el “Memorando Técnico de Entendimiento” anexo a la carta de intención de este año, se han afinado indicadores y criterios anteriores y se han añadido toda una serie de criterios de desempeño cuantitativos y metas indicativas especialmente relativas al sector eléctrico, con formas de calculo precisas y fechas estrictas de entrega. Es que en la carta de intención del año pasado se habían comprometido a algo similar, con fechas y todo, pero el gobierno no cumplió con esta obligación. (“¿Cómo hacer eso y ganar las elecciones?” me imagino a los funcionarios argumentando a puertas cerradas entre ellos, y alguien contestando “no le de’mente, dale pa’lante que en el camino se apareja la carga”).

Parece, sin embargo, que el gobierno sigue hablando mentira descaradamente. En la carta de intención de este año el gobierno dice: “las auditorias externas de los estados financieros del 2005 de las distribuidoras y de la CDEEE fueron recientemente publicadas”. No es solo que ya estamos en 2007, sino que ¿dónde están? ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Por qué no las publican en el portal de Internet de las empresas, como se hacia antes?

Antes se había creado el “Comité de Recuperación del Sector Eléctrico”, que con su plan y todo fracasó. Ahora se ha creado un tal “Comité de Monitoreo para el Sector Eléctrico, el cual se encargará de monitorear el desempeño bajo el (nuevo) plan integral, y recomendar acciones correctivas en caso de presentarse desviaciones a lo establecido”. ¡Wow! La desconfianza en el desempeño del gabinete eléctrico corre profunda. Ojala no los pongan a ellos mismos a monitorearse.

Yo solo espero alcanzar a ver una de esta famosas y tan esperadas copias de las auditorias y estados financieros para que, finalmente, se arroje algo de luz sobre la oscuridad de información fidedigna que hemos sufrido en los últimos años, y así saber a ciencia cierta que es lo que de verdad esta ocurriendo en el sector eléctrico de este país desde agosto de 2004.

AES y TCW contra el Estado Dominicano

Ante la demanda de AES-TCW contra el Estado dominicano, no es coincidencia que el gabinete eléctrico haya respondido con velocidad de rayo, comparado con sus esclerotizados estándares.

A las 24 horas de que se coló la noticia en el diario “HOY”, estaba Segura aclarando de lo que se trataba. A las siguientes 24 horas ya se había reunido el gabinete eléctrico con el consultor jurídico (y hasta quizás el Presidente), y Segura declaraba mansamente que “el gobierno esta completamente abierto al dialogo”. A las 12 horas de eso estaba el superintendente dando declaraciones a un programa matutino de TV.

Es que la pelea no es fácil. La entrada en vigencia de las estrictas normas y disciplinas en materia de resolución de conflictos del DR-CAFTA no permitirán que la CDEEE y la Superintendencia tomen este tema a la ligera.

También pesará en este litigio el hecho de que la empresa demandante, Trust Company of the West (TCW), es uno de los grandes fondos de inversiones en el mercado internacional y como tal es tenedora de bonos soberanos dominicanos. Si una empresa como esa comienza a deshacerse de los bonos comentando que ya no confía en el clima de negocios del país, las consecuencias pueden ser graves.

TCW parece haber escogido a AES en su estrategia de donde invertir recursos de su gigantesco fondo de inversiones. También parece que TCW se encarga de ayudar a salvar o liquidar las subsidiarias de AES que están en dificultades financieras que se reflejarían mal en los libros y resultados de AES ante los accionistas (mientras que el tamaño de TCW permite absorber mucho mayores volúmenes de inversiones de bajo rendimiento sin afectar el promedio).

Uno de los alegatos de AES-TCW es que hubo tratamiento discriminatorio a favor de Unión Fenosa en la recompra de acciones que hizo el Estado dominicano. En realidad, hay que poner mas atención al hecho de que esta administración favoreció a Unión Fenosa en 2005 con el pago de US$300 millones en efectivo e inmediato para pagar el prestamo que la misma UF habia otorgado para que el Estado dominicano comprara Edenorte y Edesur en 2003. Esta última transacción, no la compra de las empresas, fue lo que hizo discriminatorio el trato y atractivo y jugoso el resultado para abrirle el apetito a AES-TCW.

Aunque el embajador ha negado conocimiento, puede considerarse casi seguro que la embajada de los EEUU ha estado todo el tiempo informada y hasta puede ser que haya sido consultada sobre el “timing” de esta situación. (¿Cómo dudarlo de un abogado cuya oficina privada en Puerto Rico ha tenido de cliente a Smith-Enron Cogeneration Limited y en su país de origen AES es una de las principales generadoras de electricidad y vendedora de rockash?). También puede ser asumido que el embajador haya conversado con el presidente Fernández sobre el tema. Y si no lo hizo, se podría considerar tremenda descortesía, pero resulta que el embajador esta de salida y lleva meses despidiéndose con conferencias, charlas y cócteles.

No creo que sea un tema de que AES-TCW “se quiere ir del país”, ni simplemente que “quiere sacarle un dinero al gobierno”. En esta movida hay mucho más que eso, hay muchos elementos moviéndose cual piezas de relojería como para saber que es una movida fríamente calculada. (¿Es posible imaginar que hasta los abogados de la CDEEE fueran consultados en voz queda y hayan contestado con susurros y señas?).

Primero, ya esto de las renegociaciones fallidas de Segura, calificando de ilegales los contratos de Madrid, incluyendo el que AES-DPP transfirió a AES-Andrés, se tornaba obstáculo para avance y financiamiento en el sector (¿quién presta en un sector que el gobierno tilda de ilegal?). Para colmo, también la emprende Segura contra AES-Egeitabo, acusándola de no cumplir sus contratos y de haberse convertido en intermediaria de la energía de la CDEEE, ganándose un buen margen a costa del patrimonio público. Las empresas norteamericanas no se toman a la ligera este tipo de declaraciones, sobre todo si lo entienden como instrumento de competencia desleal a favor de las plantas de carbón de la CDEEE que competirán contra el mayor generador a carbón en el país que es AES-Egeitabo.

Segundo, AES estaba muy tranquila sobre el tema de la reducción del límite para optar por status de usuario no regulado, ya que la Superintendencia nunca lo ha aplicado como manda la ley, sino como dice AES-TCW que debería ser. Ahora parece temer que la modificación de la ley no sea aprobada en el congreso. Ese temor se funda en que la protesta casi armada de los empresarios contra la avaricia tributaria del gabinete eléctrico al también introducir en las modificaciones un impuesto de 10% al CONEP, digo a los usuarios no regulados.

AES-TCW saben que no pueden perder la batalla en contra de los no regulados, perdería mucho dinero (quizás el 50% de la mejor parte de su mercado, y sería imposible su sostenibilidad financiera). Simplemente desaparecería engullida por Edesur que puede mantener una base amplia de consumidores residenciales. Eso, precisamente eso, es lo que quizás están buscando, que le compren la distribuidora. O pueden ser más ingeniosos aun, aspirando a que le cedan Edesur por una parte de esa “compensación” que ellos reclaman.

Tercero, la tarifa técnica se pospone con el acuerdo de sostenibilidad (2001) y también como producto de las negociaciones del Acuerdo de Madrid. Julio Cross trata de introducirla, hasta contrató y terminó el estudio con PAconsulting (la misma que hoy trabaja para Egehaina) y fue AES que demandaba en aquel momento no aplicarla, ya que con ella se le reduciría el Valor Agregado de Distribución (VAD) en por lo menos un 30% en comparación a la tarifa técnica a la que aspira AES-TCW que es la concedida por Radhames Segura y Francisco Méndez en los memos de entendimiento de la capitalización, lo cual significaría algo cercano a perpetuar la muy alta tarifa actual.

No es verdad que AES-TCW no había anunciado nada, como dice Segura. En los archivos de la CDEEE, que Segura no creo que consulta (y hasta los destruye, por lo menos los documentos que estaban en el portal de Internet de la CDEEE) y en los de la Superintendencia, reposan comunicaciones de AES en ese mismo sentido. La administración de Cesar Sánchez mantuvo “a raya” a AES, amenazándolos con contra demandas por sus flagrantes violaciones tanto a los contratos de la capitalización, las renegociaciones contractuales y la Ley General de Electricidad (incluyendo el robo de electricidad tanto del PRA, como de todo el consumo de la ciudad de Sabana de la Mar)

AES-TCW hace esto después que la CDEEE de Segura fue complaciente con una demanda similar incoada contra AES-Egeitabo en 2003 (25% de AES en esa fecha, 50% hoy) y se gana en 2006. Sin embargo, la CDEEE deja dormir su triunfo y no hace que su abogado en dicho caso (Julio Cury, creo), exija la compensación debida (no se puede descartar turbias negociaciones sin informar a la ciudadanía sobre sus intereses en dichas empresas PÚBLICAS).

AES-TCW esta sangrando por la herida de no haber podido cobrar el canon de administración que Segura le firmó contractualmente (en 1999), pero que la administración de Cesar Sánchez condicionó en la renegociación de contratos (acuerdo de sostenibilidad de 2001) a que se disminuyeran las perdidas de acuerdo a determinados estándares e índices de gestión que aun AES-Edeeste no alcanza.

Puede ser que falte mucho camino por recorrer, pero le queda a uno la duda de cuan efectivo será el gabinete eléctrico de esta administración defendiendo los intereses de los consumidores dominicanos en las instancias de negociaciones a que este conflicto los lleve.

Sin embargo, antes de eso, hay muchas preguntas que hacerle al gabinete electrico sobre este tema:

¿Aceptaron las actuales autoridades (CDEEE) la “compra-transferencia” de acciones de AES en favor de TCW?

• ¿Cuál fue el precio?
• ¿Hubo ganancia de capital?
• ¿Fueron informadas formalmente las instancias estatales pertinentes, la DGII entre ellas?
• ¿Cuáles fueron las condiciones?
• ¿Se le vendió con este “activo contingente” de las perdidas del pasado para que ahora TCW las reclame como si tuviera propiedad y derechos sobre esta eventualidad?
• ¿Aceptó eso la CDEEE en el contrato, negociaciones y votaciones que debió conocer el Consejo de Administración de Edeeste?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?

Después de la compra por parte de TCW, AES se mantuvo como administradora-operadora de Edeeste

• ¿Por qué?
• ¿Bajo que condiciones?
• ¿Hay un contrato?
• ¿Hubo licitación? Y si no la hubo, ¿aceptó eso con su voto la CDEEE?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?

La Cámara de Cuentas parece haber sometido a la Justicia a AES-Edeeste por fraude al Estado Dominicano por una suma superior a los dos mil millones.

• ¿Es cierto?
• ¿A que altura se encuentra ese proceso?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Fue tomado en cuenta este “pasivo contingente” en la operación de compra de TCW?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia dio su aprobación, sobre la base de cuales criterios y plasmados en cual resolución?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre potencial comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?

La pasada administración de la CDEEE sometió a la Justicia a AES-Egeitabo por sobre-valuación (malversación de fondos) del Proyecto de Rehabilitación de la Central Itabo y la construcción del muelle de carbón (Este caso fue a la Cámara Internacional del Comercio, caso # 13708/CCO). Recientemente se ha producido un fallo a favor de CDEEE.

• ¿En que precisamente consiste el fallo a favor de CDEEE?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?
• ¿Fue este “pasivo contingente” lo que hizo que EL Paso Energy se deshiciera de sus acciones en Egeitabo vendiéndolas a AES?

La pasada administración de la CDEEE le dejó a esta la documentación y pasos iniciales de reclamación contra AES-Edeeste de una deuda (por fraude al Estado Dominicano y CDEEE) por un monto superior a los novecientos millones RD$900 millones.

• ¿Qué ha pasado con esta reclamación?
• ¿Qué ha hecho la CDEEE con este expediente?
• ¿Por qué no ha demandado en la justicia la CDEEE a AES con este precedente que sirve de prueba?
• ¿Cuál oficina de abogados esta a cargo de este caso?
• ¿Ha habido negociaciones?
• ¿Y la Superintendencia ha sido informada de esta situación sobre comportamiento administrativo desleal y fraudulento en una empresa del sector?
• ¿Y FONPER, representante legal de las acciones del Estado en esta empresa, donde esta en todo esto?
• ¿Provocó la CDEEE que fuese tomado en cuenta este “pasivo contingente” a su favor en la operación de compra de TCW?
  

El gabinete eléctrico parece no haber hecho nada sobre estos casos y ahora están girando como un trompo sobre el punto de la demanda de TCW. ¿Fue la venta a TCW un ardid de AES para evitar que se le pida rendir cuentas pendientes? ¿Será esta una negociación entre “gitanos”?

PLANTAS DE CARBON Y LICITACIONES IMPUGNABLES

He aquí la anatomía de cómo se ha ido construyendo poco a poco la crisis eléctrica dominicana. Sorprende que aun nadie haya dicho públicamente que las licitaciones de Radhames Segura por las plantas de generación eléctrica a carbón huelen muy feas y guardan mucha similitud con actividades turbias, por no decir solo que también son ilegales, equivocadas y costosas.

Por encima de la ley, con el silencio cómplice de la superintendencia y las empresas distribuidoras, así como teniendo conversaciones previas y opacas con algunos inversionistas, la CDEEE armó, convocó y adjudicó dos contratos de construcción de plantas de generación a carbón desde el año pasado. Como podía preverse de una mala y amañada planificación, todo ha ido mal y la construcción aun no empieza.

Con el crecimiento de la demanda de electricidad (a pesar de estar reprimida y racionada por la superintendencia en cerca de un 30% de su potencial), desde el año 2005 se abrió la posibilidad de licitar grandes “paquetes” de nueva energía barata, eficiente y menos contaminante que contribuyera a bajar la tarifa promedio a los consumidores.

Si no se quería esperar la construcción de nuevas plantas, pues se podía coordinar la licitación de pequeños “paquetes” de energía de no tan largo plazo, pero a precios mucho menores que los del Acuerdo de Madrid. Recordemos que desde 2003 los generadores eficientes con capacidad instalada ociosa están ofreciendo energía a las grandes empresas, con estatus de usuario no regulado, a precios 40% menores que los de Madrid.

Precisamente es la idea que orienta la ley general de electricidad de 2001, pero en la ley se especifica que deben ser las distribuidoras y que, si estas no lo hacen por su propia iniciativa, el superintendente debe impulsarlas.

Pero eso no se hizo, tanto la superintendencia como la CDEEE se dedicaron a perder el tiempo en criticar a Madrid y dar contratitos de un año, sin licitación y a los mismos precios que ellos criticaban. ¿Puede ser mayor la hipocresía y doble moral? Si, es posible, como lo veremos más adelante.

Radhames Segura vio la oportunidad de hacer su propia licitación y sabia de antemano que algunos promotores e intermediarios locales de inversionistas extranjeros del sudeste asiático estaban interesados (como lo sabíamos nosotros antes, pero la rechazamos por la baja calidad de los inversionistas y sus intermediarios locales).

Y así se estructuró dicha licitación de las plantas de carbón. Vox populi en el sector eléctrico local e internacional decía en su momento que la “calidad” de los inversionistas dejaba mucho que desear. La historia le ha dado la razón a esos rumores, y el superintendente no ha dicho ni “esta boca es mía”.

Estas licitaciones han ensuciado, envenenado y cambiado el cauce de las reformas en el sector. La idea fundamental de la capitalización, también de la ley general de electricidad y también del Acuerdo de Madrid, era disminuir el peso de la CDEEE en el sector abriéndole espacio a la inversión privada.

Por eso fue limitada la porción de los contratos de Madrid que se asignaron a la CDEEE. Por eso fue que también se terminaron casi todos los absurdos contratos IPPs que había firmado Radhames Segura a su paso por la CDE en 1996-2000 (incluyendo uno de inversionistas del sudeste asiático), pagando los costos hundidos precisamente con estos contratos de Madrid que posee la CDEEE. ¿Por qué no se ha seguido el proceso?

Por eso también se eliminó el turbio y corruptor papel que jugaba la CDEEE de intermediario en la compra de combustible para estos generadores (de ser el tercer mayor comprador de combustible de la Refinería y la Shell en el país en el año 2000, se pasó a no comprar más en 2004).

Ahora resulta que la CDEEE será la intermediaria en la compra de combustible para esas plantas generadoras, con lo cual asume todo el riesgo de precios, capital de trabajo, negociaciones, licitaciones y logística. También se ha comprometido la CDEEE a comprar por lo menos el 50% de la energía que generarán estas plantas cuando estén construidas. Y, para colmo, ahora también resulta que se deberán abrir sendas cartas de crédito por 30 millones de dólares a cada planta para asegurar dicha compra de energía.

CDEEE comprará la energía a las generadoras a carbón, pero ¿a que precio la venderá a las distribuidoras, a los precios de sus contratos de Madrid? La Ley ordena a las distribuidoras a licitar antes de comprar esta energía, sea de quien sea. Yo apuesto con cualquiera que esta energía no saldrá barata, ni limpia, ni eficiente.

Esta energía será una pesadilla, recordemos que cuando Segura y Temístocles Montas licitaron y adjudicaron Cogentrix el precio sería de unos 7 centavos de dólar por kilovatio, hoy la CDEEE la debe comprar a 23 centavos. Eso pasa con este tipo de contratos, son riesgosos, mañosos y traicioneros, siempre en disfavor de la CDEEE y, por tanto, del público consumidor dominicano.

Las nuevas noticias sobre las plantas no son muy halagüeñas. Primero, la mentira de que en 24 meses estará concluida la planta de Montecristi, que también apuesto con cualquiera a que no será así. Segundo, que se ha cambiado el adjudicatario de la planta de Azua, sin nueva licitación ni anuencia escrita por el superintendente; ya no será la oficina privada de un jeque de los Emiratos Árabes, sino el grupo local Vicini en alianza con SEABOARD.

Ambas empresas tienen amplia experiencia en el mercado eléctrico dominicano. El grupo Vicini, a través de METALDOM, vendió electricidad como IPP a la CDEEE por quince años, su contrato fue terminado en 2003. El grupo SEABOARD fue inversionista principal del primer proyecto IPP (la barcaza en la desembocadura del Río Ozama) otorgado en una de las administraciones balagueristas, vendió energía durante cerca de trece años y su contrato también fue terminado en 2002.

Mientras tanto, el superintendente sigue en su público silencio cómplice (quizás cruzando los dedos por dentro para que los proyectos no se den--¿quién sabe?--). Y al presidente quizás no le han dicho lo que hay que decirle o, peor, lo sabe todo y también silencia porque esta de acuerdo con lo que le han dicho los intermediarios de los inversionistas y no puede ver otra alternativa.

¿Hasta cuando seguirán actuando sobre la base de creer que somos estúpidos?