Contradicciones energéticas del crecimiento macroeconómico

El Banco Central dice que la economía ha crecido espectacularmente, pero dicen las estadísticas de potencia y energía del mercado eléctrico que tal cosa puede ser pura quimera. El caso es que tanto la demanda por potencia (capacidad de generar energía) como la demanda de energía no han crecido y se mantienen a niveles inferiores que hace tres años. Y si se hace la medición por persona (per capita), la de hoy es una demanda prácticamente igual a la de hace cuatro años. Los sectores productivos apenas se están recuperando.

Ahora que las cifras del Banco Central para 2006 no tienen el apellido de “preliminar” (y se andan tarareando por todos lados), veamos primero los datos puros y simples, para después pasar a las hipótesis y teorías.

Dice el Banco Central que la macroeconomía creció 9% en 2005 y 11% en 2006. Mientras tanto, dice el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado (OC) que la demanda máxima de potencia energética abastecida cayó -3% en 2005 y creció 7% en 2006, y que esta demanda máxima es de un nivel semejante al de 2003 (también semejante al de 2001). Es decir, mientras la economía crece a un ritmo que hace diez años no se experimentaba, la demanda por electricidad lleva varios años estancada.

Mas aun, las otras veces que se han producido crecimientos acelerados de la macroeconomía (precisamente saliendo de depresiones previas), esto se ha reflejado en la demanda de potencia y electricidad que ha sido abastecida. Es el caso de inicios y finales de la década de los noventas en que se produjeron crecimientos promedios de 14% en 1991-1993 y de 10% en 1997-2000. Lo mismo se puede decir de principios de la década de los setentas.

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Particularmente ilustrativo es el caso de 1987, que fue la última vez que la economía creció al 10%. Fue un año de apagones desquiciantes, pero precisamente porque la demanda de potencia creció con tal fuerza que provocó un déficit de 17% con respecto a la disponible. Se hizo evidente la locura de Balaguer haber parado la terminación de la terminación de la generadora Itabo 2 (que ese mismo año hubiese satisfecho esa demanda), de haber detenido todas las obras de mantenimiento de plantas en la CDE, así como la construcción de la hidroeléctrica Manabao-Bejucal-Tavera (hasta le devolvió el dinero mas una penalidad al Banco Interamericano de Desarrollo-BID; debe saberse que nunca mas ha podido el país conseguir otro financiamiento blando para construir hidroelectricidad).

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Pero resulta que en los casos de 2005 y 2006 ocurrió todo lo contrario, el déficit entre potencia máxima demandada y la abastecida cayó con respecto a años anteriores, y el tamaño del déficit (apenas 6% en ambos años) fue el menor déficit que se haya experimentado en el mercado eléctrico dominicano desde finales de los años setentas. Tómese en cuenta que el promedio anual de demanda desabastecida ha sido de 16% entre 1980 y 2006.

Pasemos ahora a la analítica (o teoría, como prefieren llamarle algunos). No hay ningún indicador mas fiel al nivel de actividad económica de una nación moderna que su demanda por electricidad, estudio tras estudio lo ha demostrado más allá de toda duda. Ya sea que la demanda de electricidad arrastre o sea arrastrada por la macroeconomía (cada país en diversas épocas ha pasado por diferentes etapas), lo indiscutible es que están íntimamente vinculados.

Hace un tiempo vengo discutiendo este tema entre tertulias de amigos economistas y aun nadie ha podido esgrimir argumentos convincentes en contra de mi hipótesis.

En el mercado eléctrico, la demanda máxima de potencia es el indicador fundamental (que los economistas envidiamos, ya que carecemos de esa medida tan precisa). En teoría, si la oferta no es suficiente para abastecerla, subirá el precio. En la práctica dominicana, eso significa apagones.

Como la electricidad no se puede almacenar en cantidades significativas, y como todas las actividades económicas dominicanas ya se desenvuelven utilizando energía eléctrica, no es posible argumentar que se produzca crecimiento macroeconómico (del PIB, por ejemplo) sin que también haya crecido la demanda máxima de potencia eléctrica.

Hay economistas que argumentan que es posible que eso ocurra cuando empresas y familias han aprendido a ser más eficientes en el uso de energía. Por tanto, pueden producir más valor agregado por cada unidad de energía. Yo digo que este país tiene tanto tiempo viviendo en escasez y carestía de energía que hace tiempo que ese proceso de uso más eficiente de la energía se ha agotado como para que tenga impacto significativo en los agregados macroeconómicos de hoy.

Mas aun, no existe evidencia en la literatura académica sobre el tema, de que eficiencias apreciables en el uso de energía se hayan producido subrepticiamente con impactos agregados macroeconómicos de significación.

Puede ser, argumentan algunos economistas, que los sectores que han liderado el crecimiento de los últimos dos años demanden menos energía por unidad de producto (o mejor dicho, sean menos intensos en la demanda de energía). Ciertamente, eso puede ocurrir, pero el punto sigue siendo que no existe ningún estudio sectorial nacional o internacional que brinde soporte a tal hipótesis.

También argumentan los economistas del BC, porque teorías de la cajita de herramientas de la profesión no faltan, que lo sucedido en los últimos dos años es que la macroeconomía “rebotó” saliendo de la depresión y buscando su capacidad de “crecimiento potencial” máximo. Eso también puede ser, ha sucedido anteriormente aquí y en muchos países, pero de nuevo viene el problema empírico de la vida real: ¿de donde salió que 10% es ese máximo, cuando en los últimos cincuenta años solo se ha verificado cinco veces?

Mas aun, supongamos que sea posible (total, hay precedentes), en cuyo caso nos enfrentamos a dos problemas. Uno, el Banco Central no cuenta con un modelo (digamos uno computable de equilibrio general) en el que esto se pueda probar. Dos, el problema esta, de nuevo, en que la economía lograra dar este “rebote” máximo sin contar con la potencia ni la energía que tal esfuerzo requiere. Es decir, a ese “rebote” económico le debió corresponder un “rebote” energético que tuviera algo que ver con aquel.

Claro que la relación energía-economía también incluye los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (al final, la electricidad no es mas que esos combustibles convertidos en energía). Pero al analizar las importaciones de combustibles del país en los últimos dos años queda claro que también su demanda se ha estancado. O no ha crecido como para justificar el crecimiento macroeconómico (y aquí caemos de nuevo en el argumento de la eficiencia).

Mi teoría es que, en la era de los servicios y finanzas, a los técnicos del Banco Central se les olvidó que en economía existen ciertos parámetros estructurales que difícilmente cambian de un día para otro. Y la relación entre el PIB y la energía es uno de esos parámetros, además de ser uno de los mas y mejor estudiados en la profesión.

Como hace mas de una década que el Banco Central no produce estudios de “matriz insumo-producto” (que es en donde esos parámetros estructurales se revelan en detalle), pues es posible que ese haya sido el descuido originario del posible error al que me refiero.

no quiero que me confundan con aquellos que siempre se quejan sin fundamentos de las estimaciones del Banco Central. Yo respeto el intelecto de muchos de los que allí trabajan, incluyendo en la lista al Gobernador. Pero también conozco muy bien y desde adentro las críticas que se le pueden hacer al sistema de contabilidad nacional que tienen y también conozco las críticas que el FMI le ha hecho.

En conclusión, las magnitudes de crecimiento macroeconómico en 2005-2006 no guardan relación con las de oferta y demanda de potencia en el mercado energético. Nunca antes en la historia económica del país se había producido tanto crecimiento con tan poca energía. En este periodo, se han trastornado los parámetros estructurales entre ambas variables. Es muy probable que haya un error oculto en las estimaciones.

Contratos de plantas de carbón ¿necesidad o estafa?

Mientras más detalles se conocen de los contratos otorgados a las plantas de carbón de CDEEE, más claro queda que no se trata de un error, sino de una gran estafa al bolsillo de los contribuyentes del fisco y clientes del sector eléctrico. La carga fiscal es excesiva e innecesaria, aumenta las posibilidades de corrupción, no reducirá la tarifa significativamente y, como si eso fuera poco, también privilegia a estos inversores sobre otros atrayendo mas demandas internacionales contra el país.

Estos proyectos comenzaron con el grado a grado que la empresa Westmont quiso lograr al principio de esta administración. Desenmascarada la situación, hubo que organizar licitaciones a las que solo asistieron tres propuestas (a pesar de lo jugoso de los contratos).

Han pasado ocho meses, hace cinco que debieron haber comenzado los trabajos, pero los inversionistas no habían conseguido financiamiento. No es de extrañarse, con proyectos avalados por contratos IPPs absurdos en medio de reformas eléctricas que ya van por “segunda generación” (en la jerga del Banco Mundial).

Y ahora nos sorprenden a todos con la intención o solicitud del poder ejecutivo al Congreso de otorgar garantía soberana a las cartas de crédito para proteger a los inversionistas de las plantas de carbón “licitadas” por la CDEEE. El esquema de negocios develado es tan desatinado e irritante que bordea la esquizofrenia. Veamos.

La CDEEE ha armado un plan de negocios tipo maquila o zona franca con los inversionistas de las plantas de carbón. Por 20 años, la CDEEE suministrará a su propio costo el terreno, muelle y combustible (carbón), conexión de transmisión, y el compromiso de compra de la energía producida avalado por carta de crédito a la vista y revolvente que contaría con garantía soberana. Los inversionistas simplemente procesarán el carbón para convertirlo en energía.

Olvidémonos por un momentito de los precios, este es un tema que va mucho más allá que eso. Este no es el tipo de inversionista privado que necesita el sector eléctrico dominicano. Tampoco el riesgo-país se encuentra tan deteriorado (¿no es el mismo gobierno que dice esto?). Este país ya no es una república bananera como para buscarse un esquema de negocios peor que los de finales del siglo 19 o principios del 20.

Ni en la época dorada de los IPPs (1989-1999) se ha protegido y privilegiado tanto a un inversionista eléctrico. Estos privilegios constituyen un abuso y discriminación contra los demás inversionistas que comparten los riesgos con el gobierno en el sector eléctrico. El país atrae mas demandas internacionales por competencia desleal con este tipo de negocios.

Vamos ahora a otros tres temas: la urgencia de las plantas generadoras, sus meritos y sus precios. En ninguno de ellos el resultado apoya una decisión como la que ha tomado el gobierno en representación de sus ciudadanos.

Es cierto que el sector eléctrico necesita de grandes y eficientes generadoras de energía de “base” a bajo costo, como son (tecnológicamente hablando) estas plantas de carbón. Es decir, necesitamos abastecer esa masa de la demanda mínima de todos los días, y las tecnologías disponibles hoy son nuclear y carbón.

Mi preferencia seria evitar contaminación en suelo dominicano y optar por la energía nuclear, ya sea que EEUU instale una planta en Puerto Rico o permita que Cuba termine su planta nuclear de Jaragua, para nosotros interconectar por transmisión de cable submarino desde Punta Cana o Pedernales (o desde el mismo Haití con una empresa de transmisión de propiedad dominicana), pero eso tendrá que esperar.

Ahora bien, hay dos razones que impiden que estos nefastos proyectos de carbón satisfagan dicho requerimiento urgente. Primero, la restricción y represión de la demanda de electricidad que ejercen financieramente las empresas distribuidoras con la complicidad ilegal de la Superintendencia de electricidad, ya que son incapaces de cobrar la electricidad que venden, impide que la demanda nacional de energía crezca a su ritmo natural. Por tanto, aunque se disponga de más energía, esta no podrá ser colocada en el mercado (como pasa actualmente, que “sobra” capacidad instalada en el sistema).

Segundo, y más importante, la modalidad de contratación escogida por el gobierno (contrato IPP), de nuevo con la enervante complicidad de la Superintendencia, imposibilita que la tecnología del carbón impacte en el mercado disminuyendo precios de energía a las distribuidoras y tarifa para los consumidores. Esto es algo complejo de explicar, pero intentaremos ilustrarlo de la forma más simple y detallada.

En el mercado eléctrico hay dos segmentos, el de contratos y el de excedentes (llamado SPOT). Las empresas distribuidoras deben comprar primero la energía que ellas mismas han contratado con los generadores (un máximo de 80% según la ley) y luego abastecerse del mercado spot (20% restante). El precio de contrato es fijo, y el del spot varía según oferta y demanda, pero tiene un tope (por decisión de la Superintendencia).

¿Cómo entraría la energía de las nuevas plantas de carbón en este mercado? CDEEE como intermediaria compra la energía, pero solo puede vender una pequeña fracción en el mercado de contratos (100 de los 1,200 megavatios). Debido a que este mercado de contratos tiene precio fijo, CDEEE simplemente compra barata la energía del carbón y la vende a ese precio fijo de contrato, tal como hace con la hidroelectricidad en este momento. Es decir, no se produce ningún impacto en reducción de precios ni tarifa. Strike one, abanicó el consumidor.

El resto de la energía de carbón (la mayoría) seria vendida en el mercado spot. En ese mercado, tanto como las distribuidoras también pueden comprar los generadores para revender. ¿Cómo? Si un generador (que tiene contratos que satisfacer con la distribuidora) no puede generar o puede comprar mas barato para revenderlo a su precio garantizado de contrato, pues lo hace (tal como han estado haciendo en los últimos años, comprando energía hidroeléctrica barata de la CDEEE). Lo mismo pasará con la energía del carbón, con lo cual no hay impacto de reducción de precios ni tarifa, sino mayores ganancias para las empresas por el diferencial de precios. Strike two, abanicó de nuevo el consumidor.

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Queda el posible impacto en reducir los precios del mercado spot con el sobrante de la energía de carbón. Pero este mercado es 20% solo en la letra de la ley, desde el 16 de agosto de 2004 la Superintendencia ha permitido que este mercado se haya reducido a menos del 5% del total (por el control y represión de la demanda a través de apagones financieros). Por tanto, el impacto en precios y tarifa se reduciría a menos del 1%. Strike three, ponchado el consumidor.

Ahora, supongamos que la Superintendencia abandona su complicidad con las distribuidoras y ordena que no se reprima la demanda, de tal forma que crece el mercado spot y la energía del carbón sí podría tener impacto. En ese caso optimo, el impacto es de apenas en el 20% en la ponderación del precio final de energía. Es decir, el impacto final en precios y tarifa sería de menos del 3%.

Pero el problema financiero no termina allí, tiene ramificaciones fiscales. Veamos. En todos los casos, la CDEEE siempre estará interesada en generar el máximo que pueda. Por dos razones. Una, si las plantas de carbón no generan, de todas formas la CDEEE tendrá que pagar lo que debieron haber producido (por el contrato IPP que ha garantizado). Dos, la CDEEE estará siempre urgida de efectivo para pagar por el combustible (carbón) para que las plantas no dejen de generar, ya que tendrá que pagar de todas formas por la energía que no se produce.

De seguro la CDEEE no tendrá capital de trabajo (unos US$30 millones mensuales) y, como siempre, será del presupuesto nacional que esos pagos deberán ser realizados. Igualmente, si algo sale mal, ya sea con el pago que hacen las distribuidoras, el suministro de carbón, el muelle carbonero, la transmisión o los pagos a los generadores de carbón, estos se cobrarán automáticamente de la carta de crédito y no volverán a generar hasta que el monto original de dichas cartas de crédito no se re-establezca. De nuevo, es del presupuesto nacional que saldrán los recursos para re-establecer las cartas de crédito.

Queda claro que la combinación de contrato IPP (con su carta de crédito), por un lado, y las políticas del “plan” de esta administración, por el otro lado, son las dos hojas de la tijera que cortan e impiden que los consumidores se beneficien hasta con la instalación de generación eficiente y a bajo costo. Quizás hasta se necesitará otra “reforma fiscal” solo para mantener funcionando las gigantescas plantas a carbón.

¿Y es a estos contratos que el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás miembros de la intelligentsia del “Consenso de Washington” han dado su apoyo? En definitiva, este modelo es más que una estafa. Quizás algún lector creyó que exagerábamos al principio, pero a esto me refería cuando hablaba de un modelo eléctrico esquizofrénico. Mientras tanto, yo me voy a protestar con pancartas frente al Congreso contra la garantía soberana que se está gestionando para estos monstruos de carbón.

Subsidio eléctrico y las “distribuidoras moradas"

Existe una gran alianza que se beneficia de los subsidios eléctricos estatales. Las generadoras prefieren los subsidios a un mercado defectuoso al que las distribuidoras aun no le logran cobrar la energía. Las empresas petroleras están de pláceme. Las distribuidoras lo prefieren a estar disgustando a sus clientes. Y la mafia popularmente llamada “distribuidoras moradas” se beneficia calladita y en la sombra haciendo conexiones ilegales para grandes empresas y residenciales de altos ingresos que se roban un tercio o más de la energía que pagamos los demás.

El monto del subsidio ha alcanzado niveles de obscenidad financiera. Ya van US$ 1,450 millones hasta diciembre de 2006. Esto significa el 2% del PIB del país y se traga cerca del 8% de todos los ingresos corrientes del gobierno. Una situación sin precedentes. Los subsidios pre-capitalización de CORDE, CDE y CEA son niños de teta frente a esto.

El pago de los subsidio sale de los impuestos y endeudamiento. Las dos reformas fiscales recientes no solo fueron diseñadas para el Metro y la reelección, también el subsidio eléctrico entraba en el cajón. Al final, el contribuyente lo paga todo, impuestos y financiamiento.

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¿Por qué nos financian el subsidio desde fuera? A los petrodólares de PETROCARIBE le interesan financiar el consumo de petróleo, ya que lo abarata y endroga las jipetas y los aires acondicionados (¿sabía usted que 30% del consumo eléctrico de Santo Domingo es en aires acondicionados?).

Al Banco Mundial y al BID (por tanto, el FMI) les interesa financiar porque les han prestado dinero a los generadores. Si las distribuidoras o el gobierno no les pagan, ellos no pueden pagar de vuelta estos financiamientos.

Y a los proveedores de turbinas, piezas, cables, torres y subestaciones les interesa que se les compren sus productos que son inmensamente costosos y solo con préstamos avalados por sus gobiernos y agencias de seguro pueden ser comprados por países de clase media mundial como el nuestro (es lo que esta usando el presidente Fernández para su Metro).

El subsidio va a la CDEEE primero. Ella se queda con una parte para pagar el déficit de los generadores IPPs, para solventar su nomina supernumeraria de bien pagados compañeros incompetentes, así como el re-establecimiento de la jugosa intermediación de combustible para algunos IPPs pequeños y los del patio.

Otra parte del subsidio va a financiar el déficit de caja de las distribuidoras y las minúsculas inversiones que realizan. ¿En que consiste este “déficit de caja” que el FMI ha impuesto a los contribuyentes (los que además pagan la luz a precios exorbitantes)? Veamos.

Las distribuidoras apenas cobran la mitad de la energía que distribuyen. Es decir, el subsidio se usa, básicamente, para pagar esa otra mitad de la energía que se “pierde”. Las distribuidoras le pagan a los generadores a los que le compraron la energía. Algunos de estos generadores, ojo, son empresas vinculadas a las distribuidoras (el caso mas evidente es Edeeste) y no olvidar que los generadores IPPs se amamantan de la CDEEE que dirige las distribuidoras estatales.

Con el subsidio también se paga la energía que consumen las instituciones gubernamentales. Algunas de ellas son parasitas, como los servicios de seguridad del Estado que se ocupan de alimentar de chismes (muy detallados y hasta eróticos) sobre la oposición y los “enemigos del Estado” al presidente y su sequito pretoriano, perseguir a los muchachos de los barrios que venden las drogas por onzas (mientras duermen tranquilos los que las venden por toneladas), cuidar la frontera para que no pasen haitianos sin pagar el debido peaje, atrapar una de cada diez yolas (quizás la de los capitanes que no pagaron el cabotaje) con criollos huyendo de este paisaje inundado de palabras bonitas que no se pueden cocinar en la hoya, etc.

Hay otros consumos estatales que si son necesarios y justificables subsidiar, tales como los de escuelas, hospitales, defensa civil y otros.

El subsidio también paga por el consumo de los barrios pobres, pero esto apenas representa el 7% del total, aunque durante esta administración el programa se ha salido fuera de control por las elecciones del año pasado y por las que vienen el próximo. Muy probablemente ya ande por el 10% del total.

Finalmente, el subsidio también paga por la energía robada (la que se le llama “perdidas por facturación” en la jerga eléctrica). Esto es, la energía que compran las distribuidoras y ni siquiera logran facturar. Esa si que es mucha, quizás 40% del total (cuando se descuenta la que se pierde por “razones técnicas”, es decir, insuficiente inversión y mantenimiento de redes y sistemas),

Valorada a precios minoristas (tarifa promedio), esta energía que se “pierde” alcanza un promedio de RD$ 1,800 millones mensuales. Y en el período enero 2005 a diciembre 2006 (de donde sale este promedio), el total fue de RD$ 42,440 millones. Esto es un tesoro, y hundidos de cabeza en él, ocultos y calladitos, hay muchos negocios paralelos, oblicuos y transitivos.

Aquí es que opera, entre otras empresas mafiosas, las popularmente llamadas “distribuidoras moradas”, que cobra por hacer que los consumidores toleren los apagones y se olviden del dolor de cabeza mensual de las escandalosas tarifas eléctricas de este país. Conectan ilegalmente a grandes empresas y hasta amplias zonas residenciales de altos ingresos.

Disponen de todos los equipos, herramientas y conocimientos necesarios para estas operaciones. Borran la lectura de los contadores computarizados de las empresas, construyen nuevas acometidas trayendo la energía de otros cables montando un doble sistema eléctrico en empresas, residencias, edificios y fincas.

Las “distribuidoras moradas” cuentan con redes de contacto e información al interior de las empresas distribuidoras, a veces los cabecillas son hasta altos funcionarios en ellas. Esto les permite programar sus actividades con calendarios precisos de cuando serán leídos los contadores para borrarlos días antes. También programan teniendo en cuenta las rutinas de las brigadas de supervisión y de las brigadas de la llamada “policía eléctrica” (PAEF), aunque esta ultima no es gran problema porque esta compuesta por guardias y fiscales estatales, fácilmente sobornables.

El método de cobro es cargar una fracción del precio de la tarifa por cada kilovatio-hora borrado (entre el 30 y 40%). Se factura de boca (verbalmente) y se paga allí mismo, al contado. Si el cliente no quiere pagar o se pone de moroso, pues hasta le hacen maldades, tales como arreglar el medidor para que la lectura sea mayor al consumo y el “cliente” reciba tremenda sorpresa.

En los últimos meses, el mismo gerente general de Edeeste ha declarado que se han tenido que cancelar 120 de estos empleados mafiosos. Sin embargo, Edesur y Edenorte los contratan de nuevo. Resulta que muchos son peledeístas o tienen “enllaves”.

La nomina de Edesur y Edenorte ha crecido espectacularmente. A junio de 2004, Edesur contaba con 1,866 empleados y Edenorte con 1,362 para un total de 3,228. Después de dos años y medio, en diciembre de 2006, Edesur tiene 2,070 y Edenorte 2,091, para un total de 4,161 empleados, un aumento de 30% en 30 meses.

Hace pocas semanas, la representante residente del Banco Mundial, Sra. Cristina Malmberg, declaró que “aquí, claramente con el sector energético hay una transferencia generalizada. El dinero se podría usar de una manera mucho mejor porque quien se beneficia del déficit son los ricos, no los pobres”. Siendo que esto se produce bajo su propia supervisión y financiamiento de las distribuidoras y el sector eléctrico. ¿Por qué lo toleran y permiten que el jefe de la misión del FMI, Andy Wolfe, haya dicho la semana pasada que “las distribuidoras van bien”?