Sin reflexionarla a profundidad y haciéndole modificaciones populistas y de dudosa moral, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley del gobierno para contra-reformar el sector eléctrico vulnerando los derechos de los consumidores, encareciendo la tarifa y debilitando la transparencia en la gestión de empresas e instituciones eléctricas.
Todo comenzó con la intención de endurecer las penalidades legales y jurídicas contra el fraude eléctrico. “Muy bien, aunque no entiendo para que si las distribuidoras han logrado tan buena gestión, según la propaganda oficial”--pensaba yo antes de leer el proyecto de ley. Pero cuando se abre la caja resulta ser de Pandora y salen saltando y disparadas las intenciones e intereses verdaderos de una visión anticuada, ineficiente, clientelista y dictatorial del sector eléctrico.
Sin duda, se trata de una contra-reforma que intenta legalizar las acciones ilegales y anti-consumidores que los funcionarios de esta administración han llevado a cabo en su gestión. También es una ineficiente repartición del poder entre dichos funcionarios que fragmenta y des-coordina aun más las políticas públicas en el sector.
Las cosas se mueven tan ciegas y rápidas en el Congreso que estoy obligado, en este apretado espacio, a clarificar y emitir opinión sobre las modificaciones mas importantes que pretende esta contra-reforma de la Ley General de Electricidad (125-01), no vaya a ser que para el próxima artículo haya sido aprobada y promulgada la nueva ley.
La propuesta gubernamental afecta a los consumidores al imponer nuevos impuestos a la tarifa, debilitar la compensación por apagones y fortalecer la discrecionalidad de que dispone la Superintendencia para actuar sin rendición de cuentas. Los incrementos de la tarifa vienen de, primero, fijar en 1% de las ventas totales el pago a la Superintendencia que hacen las empresas eléctricas y permitirles contabilizar este pago como parte de la tarifa. Segundo, autoriza a las distribuidoras cargar los gastos de reconexión y verificación de clientes al cálculo de la tarifa. Tercero, a los consumidores se le podrá cortar la luz después de vencida la primera factura, con lo cual los clientes de las distribuidoras hemos perdido unos 45 días de crédito en el pago de su factura. Cuarto, se establece un impuesto del 10% al precio a que los usuarios no regulados logren licitar su energía. Y quinto, se autoriza a las distribuidoras a comprar menos energía en el mercado de ocasión o sobrantes (también llamado “spot”) en el que los precios han sido mas bajos que en el mercado de contratos de largo plazo.
Las modificaciones a la ley cierran aun mas el mercado eléctrico al multiplicar por siete el tamaño del consumo necesario (de 0.2 a 1.4 megavatios) para que las empresas puedan acceder al estatus de no regulado que les permite licitar directamente la electricidad de los generadores. Además, como se dijo, se obliga a pagar un 10% de impuesto sobre este precio de contratación de la energía. Recordemos que este era el único alivio que tenían las empresas para mejorar su competitividad ante las tarifas eléctricas mucho más bajas que se pagan en casi todos los demás países competidores.
Sufre también la transparencia a que obliga la actual ley, ya que se eliminan las licitaciones y requerimientos de calidad para la contratación de personal en la Superintendencia y en la CNE. Además, se establece explícitamente la posibilidad de reelección de los miembros de la SIE. Y, para colmo, ya la SIE no tiene obligación de “evitar prácticas monopólicas”, como ordena la ley actual, sino que solo deberá “denunciar(las)”.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) deja de estar supervisada y rendir cuentas a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y ahora dependería directamente del Presidente, a cambio se le otorga a esta última mayor poder en materia de decidir sobre concesiones energéticas al sector privado. También la SIE sería un juez y parte más poderoso en materia de “recursos de reconsideración”. ¿Por qué? ¿Para qué? A pesar de que en esta gestión se han realizado más seminarios eléctricos que nunca antes, estos temas institucionales que aparecen en el proyecto de contra-reforma de la ley nunca habían sido discutidos ni consensuados. Obviamente, estamos ante lucha de poder entre funcionarios de mentalidad feudal que quieren fragmentar los flujos de políticas y los reflujos de los dineros que se mueven hacia el poder de decisiones discrecionales incontestables.
Se diferencia la distribución de la comercialización. Claramente, se prepara el terreno para las concesiones de comercialización de electricidad, quizás comenzando en EDENORTE, sin tener que vender por licitación las empresas distribuidoras en su conjunto.
El Organismo Coordinador (OC), parece perder una parte de su autonomía e independencia, pero también se le permite operar el sistema eléctrico en su conjunto. Esto puede tener consecuencias serias, ya que es el OC la única institución del sector eléctrico que desde hace tres años publica transparentemente las informaciones de operaciones y transacciones comerciales mayoristas del mercado eléctrico.
Tanto que se criticaron los apagones “financieros” y el Acuerdo de Madrid, ahora se autorizaría a la SIE a “racionar”, es decir, reprimir el consumo de electricidad, en hasta un 30% de la energía demandada. Además, se libera a las empresas distribuidoras de la obligación de comprar por lo menos el 20% de la energía en el mercado que regularmente es más barato que es el de ocasión (spot).
El subsidio a la tarifa ya no es coyuntural y determinado por las situaciones específicas del sector, la contra-reforma establecería que siempre habrá subsidio cruzado (los que mucho consumen pagan por los que menos consumen). También se discrimina con respecto al concepto de fraude, el robo de los pobres y clase media tiene castigos menos severos que el de los ricos (esa fue la gran contribución del Senado a modificar el proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo). Sin embargo, no se refuerzan penalidades para la SIE o la CNE si incumplen, engañan, se equivocan o roban.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) es la gran beneficiaria, la coordinación de políticas y los derechos de los consumidores son los grandes perdedores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario