Después que Cesar Sánchez lanzara el concepto seminal, Santo Domingo, Washington y Madrid fueron los escenarios de intensas y complejas negociaciones que se plasmaron en una sola hoja de papel definiendo la esencia de contratos que terminarían valorados en unos 5,400 millones de dólares. Madrid estaba vacío y desolado aquel verano del 2001, como todos los veranos, los españoles se habían ido de vacaciones. Nosotros amanecíamos trabajando.
El Acuerdo de Madrid salvó la reforma del sector eléctrico y su capitalización de la debacle financiera en la que estaba desde el invierno de 2000-2001. Y esto se hizo sin comprometer recursos fiscales adicionales y sin dar garantía soberana congresual. Al contrario, los riesgos y contingencias para las finanzas públicas fueron reducidos. Se creó nuevo valor sacándolo de donde estaba amarrado y escondido.
¿Cuál fue la idea seminal? Muy sencillo: que el valor presente de los ingresos que los generadores se ganarían en los tres años restantes de los contratos de la capitalización, se distribuyera en un período mas largo (quince años) con garantía de que las empresas distribuidoras honrarían tales contratos. Es decir, la misma masa de ingresos distribuida en un periodo mas largo resultaba en precios unitarios más bajos.
Se quiso que fuese mas corto este período, pero la masa de ingresos asegurada a los generadores por los contratos de la capitalización era excesivamente alta. Por ejemplo, solo en 1999-2001 las generadoras capitalizadas distribuyeron beneficios por US$159 millones. En tres años habían recuperado más de la mitad de lo invertido. Esto no lo soporta ningún mercado eléctrico.
Y otra razón ofrecía esperanza: la arquitectura de los contratos permitía que precisamente desde finales de 2004 ya hubiera unos 500 megavatios “liberados” para las distribuidoras licitar nueva energía más barata y eficiente. Se contaba con el crecimiento histórico de la demanda (como sucedió en 2001-2003).
Se apeló a la preferencia económica que tienen las grandes empresas internacionales intensivas en capital de contar con estabilidad contractual de largo plazo para recuperar el capital invertido a una tasa razonable y sostenible. Es que si las distribuidoras, que son la ventanilla de entrada de efectivo de los mismos generadores, seguían descapitalizándose todos los agentes del mercado perdían.
No se esperaba que la gente entendiera inmediatamente una transacción relativamente compleja, ya que no se trataba de un tema tintado de politiquería como siempre habían ocurrido las cosas en la electricidad dominicana. Con que lo entendieran los agentes del mercado, el Presidente de la república y el mínimo indispensable de funcionarios gubernamentales era suficiente. Los que estuvimos allí sabíamos lo que hacíamos, y estábamos dispuestos a sufrir las consecuencias de la incomprensión, con tal de hacer lo que había que hacer y hacerlo con pulcritud profesional, ética y moral.
Hace casi seis años y el Acuerdo de Madrid sigue parado e incólume. Estudios de docenas de abogados, ingenieros y financistas; chismes, rumores, demandas, juicios, intentos de renegociación van y vienen en el sector eléctrico dominicano, pero jamás a este Acuerdo han tocado. Todo se ha quedado en propaganda y frases vacías aprovechando una supuesta incomprensión del público.
Las consecuencias inmediatas del Acuerdo fueron la estabilización financiera del mercado eléctrico, rescatando de la quiebra a las distribuidoras y moderando las ganancias extraordinarias de los generadores. Se redujo en 36% el precio de la energía. Los generadores invirtieron en nueva y eficiente capacidad (agregando 504 megavatios nuevos y mejorando la eficiencia de 460 al cambiar a gas y carbón). La banca internacional y hasta la local comenzó a financiar más confiadamente a los inversionistas.
Del lado gubernamental, el patrimonio se valorizó al eliminar las discriminaciones contra la empresa de transmisión cuyo servicio era el único que no se indexaba.
Así mismo, en lugar de invertir recursos frescos, se utilizaron estos contratos para “pagar” la terminación de los deficitarios contratos IPPs cuya energía y combustibles intermediaba la CDEEE. Esto redujo el tamaño de la CDEEE en el mercado (de 360 a 100 megavatios), menguando también las posibilidades de corrupción. Consecuentemente, posibilitó eliminar el subsidio estatal tanto a los generadores (por el combustible) como a las distribuidoras (por la tarifa) hasta que EEUU invadió Irak, el petróleo se disparó y quebraron los bancos disparando la tasa de cambio y el costo de la energía y la tarifa a niveles insoportables.
La incomprensión comenzó desde el primer día y continúa hoy. El tiempo ha demostrado que los argumentos en contra son pocos y no se sostienen.
El principal argumento crítico es que se debió esperar a que se extinguieran en 2004 los contratos de compra y venta de energía de la capitalización entre distribuidoras y generadores. Eso hubiera sido lo ideal, desgraciadamente no se podía esperar, las empresas distribuidoras ya habían agotado todo su capital de trabajo, los bancos no les financiaba (los contratos de la capitalización no eran garantía suficiente, argumentaban) y se encontraban al borde de la quiebra.
Otro argumento en contra del Acuerdo de Madrid se refiere a la ilegalidad del mismo, frente a una casi simultánea promulgación de la Ley General de Electricidad, la cual se alega prohibía esta negociación sin licitación.
Para evitar esta objeción, de la cual estaban consciente todos los actores, se estableció que las negociaciones debían concluir antes de las 6 de la tarde en Madrid, antes de que entrara en vigencia la Ley General de Electricidad a las 12:00:01 AM (hora de Santo Domingo), ya que los asesores legales habían confirmado que las leyes en RD entran en vigencia en todo el territorio nacional 48 horas después de haber sido promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Además, en la materia que trataba el Acuerdo de Madrid (contratos de compra y venta de energía), la Ley no entraba en efecto hasta tanto el reglamento de aplicación de la misma no fuera redactado y luego promulgado por decreto del poder ejecutivo (lo cual ocurrió casi un año después, reconociéndose la validez de los contratos vigentes).
Finalmente, esta el argumento de que los precios acordados pudieron haber sido menores.
El punto sobre este argumento de precios es sencillo: se empujo al máximo hasta donde se pudo ejercer presión. Hay que tener en cuenta que los intereses de generadores y distribuidores eran contradictorios en esa época, los generadores resistían bajar precios y los distribuidores (sobre todo Unión Fenosa) querían los precios más bajos posibles.
De todas formas, haber logrado reducir en 36% los precios de energía de la capitalización, además aplicado retroactivamente para todo lo que iba del 2001, implicando que condonaran las deudas de las empresas distribuidoras y que estas, a su vez, aceptarán el traspaso de los deficitarios IPPs, fue lo máximo que se pudo lograr en las negociaciones. Y no era poco para, al mismo tiempo, salvar el incipiente mercado de un colapso inminente.
Por estas razones, el Acuerdo de Madrid fue bien ponderado en todo el mundo, excepto en Republica Dominicana. “Nadie es profeta en su tierra”, sobre todo porque la oposición política (y hasta muchos dentro de aquel variopinto oficialismo) se dedicaron a desacreditarlo aprovechando la complejidad técnica del tema (“alimentándose de la carroña de la ignorancia del pueblo” como dice Andrés L. Mateo en un ensayo reciente sobre Leonel y los líderes dominicanos).
Desde afuera de una negociación, cualquiera puede argumentar que el resultado pudo haber sido mejor. Bueno, ahora esta administración lleva casi tres años tratando de hacer su propia negociación de precios y no ha logrado reducir ni una millonésima de centavo. Podrá criticar con fundamento el que logré su cuota de reducción, que ya la del Acuerdo de Madrid la disfruta el país por seis años.
